El 25 de marzo de 2020 Don José Ramón López, en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), presentó un escrito de petición para la realización de test rápidos y masivos de COVID-19 a todo el personal penitenciario para garantizar la debida cobertura de servicio esencial prestada tanto en los Centros Penitenciarios como en aquellos de Inserción Social.
Lo hizo precisamente dejando constancia de que los trabajadores que ya presentaban síntomas no recibieron respuesta para la realización del test, a pesar de haberse puesto en contacto mediante los teléfonos habilitados. Cuatro días después se produjo el fallecimiento del primer funcionario de Instituciones Penitenciarias de España.
“Esta terrible situación, por desgracia no conlleva consigo la consideración de fallecimiento en acto de servicio, lo que implica indubitadamente una situación de desamparo para los funcionarios de prisiones”, lamentan desde la formación insistiendo en su situación “especialmente vulnerable” y añaden: “Es fundamental valorar la labor que desempeñan en este escenario que se está desarrollando, máxime teniendo en cuenta la falta de material con la que se encuentran provistos para su protección personal”.
¿Qué propone entonces VOX para mejorar su situación?
1.- Que «de manera urgente» y ante la situación de déficit de personal, tanto de funcionarios de prisiones como de personal sanitario dentro de los centros, se contrate a médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería para poder atender un incremento de contagios, además de promover la incorporación inmediata de las adscripciones temporales y el personal de la bolsa de interinos.
2.- Dotar al personal de prisiones responsable del control de comunicaciones de suficientes mascarillas FPP2, guantes de nitrilo, batas impermeables y gel hidroalcohólico.
3.- Los ingresos y permisos que regresen a los centros penitenciarios deberán permanecer 14 días en celdas situadas en espacios arquitectónicamente diferentes hasta pasar a los módulos residenciales, suspendiendo los nuevos permisos durante el período que dure la situación de aislamiento.
4.- Que se suspendan todos los traslados, salvo por motivos sanitarios y judiciales de carácter extraordinario y la suspensión de todas las salidas a hospital salvo urgencias.
5.- Que se pospongan todas las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia, pero que se mantengan «con normalidad» las que se producen en los locutorios, es decir, a través del teléfono, con mampara y con una separación física.
6.- El control, con un «termómetro pistola», de todas las personas, tanto familiares como trabajadores, que vayan a acceder al centro, e impedir su entrada si su temperatura corporal es de 37 grados o más
7.- Considerar a los funcionarios de las prisiones como Agentes de la Autoridad, valorando las especiales circunstancias y contexto en el que desarrollan sus funciones
8.- Adoptar las medidas necesarias para que sea reconocida situación administrativa de “fallecimiento en acto de servicio” a los funcionarios de prisiones que fallezcan como consecuencia del COVID-19.