“Nota de corte para la prueba ortográfica: 6,2”. Este es el mensaje que recibieron los aspirantes a las 2.506 plazas convocadas por la Policía Nacional. Aspirantes que sufrieron la decisión del tribunal calificador de establecer un nuevo criterio de calificación una vez ejecutada la prueba correspondiente y que no se encontraba en las bases de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de junio.
Precisamente, fue en este BOE en el que se mostraban todas las pruebas a realizar así como los resultados necesarios para su superación y, en ningún momento, aparecía la nota de corte que posteriormente se ha impuesto impidiendo a los aspirantes a pasar a la siguiente fase, la del reconocimiento médico y entrevista personal.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que los criterios de actuación de un tribunal calificador deben ser “precedentes a la realización de la prueba” y notificados a los aspirantes para garantizar el principio de “seguridad jurídica”.
Es más, reiteró esta doctrina en 2013 cuando en un caso análogo ordenó la “retroacción de las actuaciones en el procedimiento selectivo al momento inmediatamente anterior a la celebración del ejercicio” tras comprobar que se había aprobado la nota de corte con posterioridad.
Por todo ello, y en aras de defender el cumplimiento de las Sentencias del Supremo para promulgar los principios de Publicidad, Transparencia, Seguridad Jurídica e Interdicción de la arbitrariedad, el Grupo Parlamentario VOX ha presentado una Proposición No de Ley para exigir que no puedan modificarse los requisitos de un proceso selectivo una vez publicados en el BOE.
En esta línea, la formación también solicita que en los casos en los que se produzca esta situación se puedan revisar las calificaciones y proceder así a la recalificación. “Se han truncado sueños y expectativas de los opositores que han visto como a mitad de la partida se han cambiado reglas del juego”, ha señalado la secretaria general Macarena Olona al término de una reunión con varios representantes de los afectados.
La también portavoz adjunta ha criticado la gestión del Ministro del Interior: “Esta forma de actuar por parte de Interior es una nueva muestra de su errática gestión que se traduce en nombres y apellidos de ciudadanos perjudicados por el infame ministro Marlaska y su departamento”.