El diputado por Alicante, Eduardo Ruiz

VOX fiscaliza más de 500 millones de euros en adjudicaciones presuntamente defectuosas durante el estado de alarma

La formación presenta una Proposición No de Ley para imponer procedimientos mucho más estrictos a la hora de realizar cualquier adjudicación pública. “Apostamos una vez más por la eficiencia del gasto público”, insisten desde la formación tras llevar a cabo un exhaustivo examen de los últimos gastos del Gobierno.

 

El Grupo Parlamentario VOX ha presentado una Proposición No de Ley con el objetivo de que todas las contrataciones públicas se realicen buscando la eficiencia del gasto público y respetando los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad”.

Todo ello después de haber observado múltiples irregularidades en las adjudicaciones que se han realizado utilizando la tramitación de emergencia como forma de contratación. “Están haciendo norma el uso de una excepcionalidad durante todo el Estado de Alarma amparados en el Real Decreto ley del pasado 12 de marzo”, advierten desde la formación.

Es más, el GP VOX ha detectado que las adjudicatarias de estos contratos han sido, en muchos casos, empresas extranjeras, o sin dirección conocida en España, constituidas de manera casi coetánea a la contratación o con un objeto social radicalmente distinto al objeto del contrato.

“La urgencia derivada de la emergencia de salud pública no justifica, en modo alguno, la vulneración de la normativa vigente en materia de contratación pública”, ha asegurado el diputado por Asturias, José María Figaredo insistiendo en que la principal irregularidad observada en los contratos públicos adjudicados durante la emergencia de salud pública es la “muy deficiente consignación de sus elementos esenciales”.

“En muchos de los contratos no se aporta la memoria de adjudicación. En otros casos, en la memoria sí se publica, pero le faltan datos sobre los productos sanitarios adquiridos e información básica relativa al precio de estos”, ha añadido Eduardo Ruiz, portavoz del GP VOX en la Comisión de calidad democrática.

¿Cuáles han sido los incumplimientos por parte de la entidad pública adjudicataria? La mayoría de estos contratos no se han publicado en el BOE, los anuncios están incompletos, existen discordancias en los datos publicados en las memorias de las adjudicaciones y posteriormente en el BOE o incluso se ha producido un incumplimiento de los plazos.

Por parte de las empresas adjudicatarias, VOX ha detectado que existen empresas vinculadas a paraísos fiscales o condenadas por delitos de estafa, empresas que tienen relación con otras sociedades offshore, empresas que proveen material defectuoso, empresas que suministran material a un precio muy por encima del de mercado, empresas especializadas en bienes o servicios distintos del objeto del contrato o, directamente, contratos en los que una única empresa presenta oferta de licitación.

“Es necesario que se produzca una justificación ex ante por parte de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, de la concurrencia del presupuesto de hecho habilitante de la contratación y, como no, también debe existir un mayor control legal a las empresas adjudicatarias”, han apuntado los firmantes de esta Proposición No de Ley.

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