El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley destinada a promover la liberación de los opositores nicaragüenses Cristina Chamorro Barrios, Arturo José Cruz Sequeira Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Juan Sebastián Chamorro García, encarcelados por el régimen sandinista de Daniel Ortega.
VOX propone emprender todas las acciones diplomáticas posibles al objeto de promover la liberación de los opositores nicaragüenses, de tal forma que puedan participar con las debidas garantías en el próximo proceso electoral que se va a celebrar en la República de Nicaragua. Precisamente para estas elecciones VOX pide al Gobierno de España que envíe una misión de observación electoral a la República de Nicaragua con el objetivo de garantizar la celebración de unas elecciones libres, justas y transparentes.
Asimismo, la PNL solicita al Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía popular en el ejercicio de sus libertades constitucionales y democráticas, que condene con rotundidad la detención de los líderes opositores nicaragüenses Cristina Chamorro Barrios, Arturo José Cruz Sequeira, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Juan Sebastián Chamorro García, y exige su inmediata liberación, el cese de la represión a la oposición política, la restitución del Estado de derecho y la garantía de unas elecciones libres, justas y transparentes en la República de Nicaragua.
Hay que recordar que este país lleva décadas de deterioro político, social e institucional desde la llegada al poder del FSLN de Daniel Ortega en 2006 hasta nuestros días. Ortega y el FSLN han venido implantando un nuevo régimen dictatorial de corte chavista o bolivariano, al estilo de otros países de la región. Democracias formales en teoría, dictaduras de partido único en la práctica, en dónde la separación de poderes se ha ido eliminando progresivamente, las libertades políticas y fundamentales no se encuentran garantizadas, y los medios de comunicación y la economía son controlados por el Estado-Partido.
En este sentido se expresa el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, el cual manifiesta lo siguiente:
“Desde las elecciones presidenciales de 2006, el marco institucional se ha debilitado, con la concentración de los diferentes poderes del Estado en manos del partido gobernante. Esto ha contribuido a la reducción del espacio cívico, la falta de independencia del Poder Judicial y de la institución nacional de derechos humanos (la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos), denuncias recurrentes de corrupción, de fraude electoral y de censura de medios de comunicación y a altos niveles de impunidad, entre otros problemas”.
La situación de este nuevo régimen dictatorial, auspiciado y apoyado desde Cuba y Venezuela, empezaría a degenerar especialmente desde las fraudulentas elecciones de 2016, donde los supuestos apoyos al FSLN llegaron a un 72,44%.
Meses antes de estas elecciones, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua había retirado de su cargo a 16 diputados opositores, incluido al líder del Partido Liberal Independiente, principal partido de la oposición, e imponiendo otro líder del partido. Además, en estas elecciones no se permitió a observadores internacionales supervisar el proceso electoral.
Sin embargo, la verdadera cara del régimen sandinista y del dictador Ortega no quedaría al descubierto completamente hasta la violenta represión desatada a raíz de las protestas de 2018. Desde el final de las protestas masivas que vivió el país en 2018, el régimen ha ido dando rápidos pasos en aras de consolidar su sistema dictatorial y totalitario a imagen y semejanza de los países hispanoamericanos dominados por regímenes de corte comunista y chavista, especialmente Cuba y Venezuela.
Además de continuar con la represión de la oposición, calificando las protestas pacíficas y a los opositores de “golpistas”, el régimen de Ortega, a través de la Asamblea Nacional controlada por el FSLN desde las fraudulentas elecciones de 2016, ha ido aprobando toda una serie de leyes destinadas a consolidar la dictadura, así como a marginar, perseguir e impedir la participación política de la oposición.
El último ejemplo lo encontramos en la Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, aprobada el 21 de diciembre de 2020, y cuya intención oculta es la de inhabilitar a los opositores para presentarse a las elecciones. En este sentido, el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Josep Borrell, en una reciente declaración afirmaba sobre esta Ley “que tiene por objetivo evitar las candidaturas de la oposición en un paso más en la intimidación contra el pueblo nicaragüense, alejando al país del Estado de derecho.