El Grupo Parlamentario VOX ha registrado en el Congreso una Proposición no de ley relativa a la reversión de la pobreza energética y la promoción de un plan Nacional de Soberanía Energética.
Frente a las políticas del Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, VOX propone una única alternativa: soberanía energética. Es decir, conseguir una energía barata, sostenible, eficiente y limpia que asegure unos precios de la luz asequibles para las familias y empresas españolas.
Se trata, según la proposición no de ley de VOX, de una exigencia prioritaria del bien común para garantizar las condiciones necesarias para el disfrute de bienes como la energía, cuya privación es contraria a la dignidad de la persona y una expresión de injusticia social. Por este motivo, el GP VOX impulsa un Plan Nacional de Soberanía Energética para que España decida en qué invierte y cómo explota sus recursos naturales para reducir su dependencia energética.
CONTRA LAS CAUSAS DE LA POBREZA ENERGÉTICA
El hecho de que España dependa de fuentes de energía extranjeras no hace sino encarecer el precio de la electricidad. Las políticas al servicio del fanatismo climático limitan la capacidad de España para explorar y explotar nuestros recursos. Una prueba de ello es la ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio Climático, que “limita los nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, minerales radioactivos y carbón en territorio español”.
La situación de los españoles es límite y según la OCU, de una factura mensual media de 56,57 euros al mes en agosto de 2020, hemos pasado a una de 123,03 euros al mes en marzo de 2022.
Además de la subida del precio mundial del gas, el precio de los derechos de emisión de CO2 (autorizaciones administrativas que necesitan las eléctricas que usen combustibles fósiles para poder producir electricidad) se ha disparado durante los últimos meses como consecuencia de la reducción de su oferta orquestada por la Unión Europea para acelerar la descarbonización de la economía.
Cabe recordar en este sentido que en marzo de 2022 la factura media de la luz se incrementó con respecto a 2021 un 130%. Un aumento del coste de la luz que afecta, además de a las familias, a las empresas, que ven disminuidos sus márgenes de beneficios y negocios y se ven obligadas, en algunos casos, a repercutir en el precio de los productos perjudicando, de nuevo y una vez más, al consumidor. Como ejemplo, el encarecimiento de la cesta de la compra (aceites y grasas un 20%; agua, refrescos y zumos un 7,5% y la fruta un 4,6%).
EL DECRETO DE UCRANIA
Y en este escenario, el Gobierno ha impulsado el Real Decreto ley 6/2022 de 29 de marzo de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania que incluye, entre otras medidas, iniciativas para la industria y las empresas, así como para beneficiarios del bono social. La realidad es que es un plan que no tiene por objeto cambiar el sistema eléctrico o reducir la carga impositiva de la energía, ya que son ayudas que salen del bolsillo de los españoles. Se trata de un parche, esto es, medidas de carácter temporal que no pueden postergar la urgencia de llevar a cabo verdaderas reformas alejadas del fanatismo climático.
Una prueba de la inutilidad del decreto del Gobierno es la ampliación del bono social: un descuento en la factura eléctrica (bono social eléctrico) y un programa de ayudas para compensar gasto de calefacción y agua caliente a consumidores vulnerables (bono social térmico) que es, en realidad, una “medida insuficiente, parcial y sólo temporal, que no afronta debidamente el agravamiento de la pobreza energética y su insuficiencia no hace sino aumentar conforme pasan los meses”. Además, uno de los principales problemas es el criterio inexacto de determinación de la necesidad de los solicitantes y retraso en el reparto.
LA PROPUESTA DE VOX
Para revertir esta situación, el Grupo Parlamentario VOX pide al Congreso que inste al Gobierno a:
-Promover todas las reformas legislativas oportunas, sobre todo en materia de IVA e Impuesto Especial sobre la Electricidad, para reducir la fiscalidad energética.
-Crear y convocar un comité técnico de experto que diseñe un Plan Nacional de Soberanía Energética, exento de toda imposición climática. Ejecutado con carácter de urgencia por los poderes públicos competentes y tendrá por objeto asegurar la soberanía energética de España con todos los medios al alcance para conseguir:
-Energía barata, sostenible, eficiente y limpia.
-Precios de la luz asequibles para las familias y empresas españolas.
-Reducción de la dependencia energética de terceros países.
-Destinar el importe íntegro recaudado de los derechos de CO2 a rebajar la factura eléctrica de los españoles.
-Adoptar todas las medidas para amortiguar el impacto negativo de conflictos internacionales en la economía con reformas de calado estructural y planes de contingencia como:
-Reducción drástica del gasto público.
-Revisión urgente del sistema de generación eléctrica en España para la reducción de los costes.
-Extensión de la vida útil de las centrales nucleares y la creación de nuevas plantas de energía nuclear.
-Promover en la UE la cancelación de los nuevos derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
-Promover en la UE la supresión del mercado de emisiones y del mecanismo de asignación de los derechos a través de su subasta por su carácter especulativo (lastra la economía y provoca pérdida de industria y capacidad productiva esencial de los Estados Miembros).
-Tomar las medidas necesarias para que las plantas industriales, agropecuarias y pesqueras mantengan sus actividades salvando empleos y capacidad productiva.
-Corregir deficiencias en la gestión del plan de recuperación.
-Destinar los fondos del plan de recuperación a la mejora de la productividad de la economía española y no a proyectos ideológicos.