La formación apuesta por realizar un análisis de la necesidad, la oportunidad y la eficiencia de la totalidad del gasto público
“Consideramos que la concesión de subvenciones públicas y otro tipo de ayudas de fomento y estímulo económico, en la medida en que significa el empleo de fondos públicos concedidos gratuitamente o en condiciones económicas ventajosas, debe estar sujeta a una continua revisión y justificación”.
El Grupo Parlamentario VOX ha registrado Proposición No de Ley referente a los requisitos y prioridades para la concesión de subvenciones públicas. Una iniciativa que ya defendían antes de la crisis sanitaria por la que atraviesa España y que, a día de hoy, cobra más sentido que nunca.
“La situación económica de España antes de estallar la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, no era muy halagüeña. Una deuda pública en niveles cercanos al 96% del Producto Interior Bruto (PIB), una tasa de desempleo en torno al 13,7% de la población activa y un déficit estructural entorno al 3% del PIB al cierre del ejercicio 2019, exige realizar un ejercicio de responsabilidad y sentido común”, señalan.
De hecho, tal y como señala la formación en la propia iniciativa, en términos de contabilidad nacional, las subvenciones ya alcanzaron 12.000 millones de euros en 2017.
Por otra parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en sus informes denominados “Spending Review”, realizó una aproximación al volumen de subvenciones a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que alcanzaría los 14.300 millones de euros en 2017. Por subsectores, destacaban las Comunidades Autónomas, con un importe de concesión de subvenciones de 9.700 millones de euros, importe muy superior a la concesión de subvenciones por la Administración General del Estado, que no llegó a la cifra de 3.300 millones de euros, y a la de las corporaciones locales, que ascendió a 1.600 millones de euros.
“Debemos realizar un análisis de la necesidad, la oportunidad y la eficiencia de la totalidad del gasto público y poder destinar los fondos públicos a cubrir verdaderas necesidades”, señalan.
Es por ello, que la formación ha instado al Gobierno a llevar a cabo las siguientes medidas:
- Revisar y evaluar la totalidad de las subvenciones de la Administración General del Estado con objeto de determinar el cumplimiento de los principios de necesidad, oportunidad, eficiencia y transparencia, instando a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a proceder de la misma forma.
- Exigir la justificación del interés público y general en el establecimiento y concesión de subvenciones y ayudas públicas. No basta con presumir el interés público, debe acreditarse fehacientemente la necesidad de su adopción, las necesidades y finalidades que pretenden, la existencia de otro tipo de financiación, el coste y los resultados previstos.
- Fortalecer el entorno de coordinación interadministrativa debido a la distribución de competencias entre los tres niveles de administración territorial y garantizar que no existe duplicidad en la concesión.
- Desarrollar los principios de eficacia y eficiencia mediante la exigencia de evaluación y rendición de cuentas de la actividad subvencional. Se tiene que informar periódicamente a los correspondientes órganos legislativos del empleo que se hace de los fondos públicos recibidos.
- Avanzar en la exigencia de un mínimo de complementariedad y cofinanciación, en casos en que se puedan obtener beneficios de las actividades subvencionadas. Es necesario superar el carácter gratuito y a fondo perdido que tradicionalmente ha caracterizado muchas líneas de subvenciones.
- Potenciar principios de exigencia de reintegro a responsables y sucesores y la aplicación generalizada del procedimiento sancionador.
- Reforzar los principios de igualdad de oportunidades de todos los españoles y de unidad de mercado en el establecimiento y concesión de subvenciones y ayudas públicas.
- Fomentar la disponibilidad de información para el conjunto de la sociedad. La información debería ser accesible para todos los interesados, de forma que la actividad del sector público pueda estar sometida a un escrutinio continuo por la sociedad en general y, en particular, por el poder legislativo que podrá realizar un control más efectivo de la labor del ejecutivo.
- Revisar y evaluar la totalidad de las subvenciones de la Administración General del Estado con objeto de determinar el cumplimiento de los principios de necesidad, oportunidad, eficiencia y transparencia, instando a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a proceder de la misma forma.
- Exigir la justificación del interés público y general en el establecimiento y concesión de subvenciones y ayudas públicas. No basta con presumir el interés público, debe acreditarse fehacientemente la necesidad de su adopción, las necesidades y finalidades que pretenden, la existencia de otro tipo de financiación, el coste y los resultados previstos.
- Fortalecer el entorno de coordinación interadministrativa debido a la distribución de competencias entre los tres niveles de administración territorial y garantizar que no existe duplicidad en la concesión.
- Desarrollar los principios de eficacia y eficiencia mediante la exigencia de evaluación y rendición de cuentas de la actividad subvencional. Se tiene que informar periódicamente a los correspondientes órganos legislativos del empleo que se hace de los fondos públicos recibidos.
- Avanzar en la exigencia de un mínimo de complementariedad y cofinanciación, en casos en que se puedan obtener beneficios de las actividades subvencionadas. Es necesario superar el carácter gratuito y a fondo perdido que tradicionalmente ha caracterizado muchas líneas de subvenciones.
- Potenciar principios de exigencia de reintegro a responsables y sucesores y la aplicación generalizada del procedimiento sancionador.
- Reforzar los principios de igualdad de oportunidades de todos los españoles y de unidad de mercado en el establecimiento y concesión de subvenciones y ayudas públicas.
- Fomentar la disponibilidad de información para el conjunto de la sociedad. La información debería ser accesible para todos los interesados, de forma que la actividad del sector público pueda estar sometida a un escrutinio continuo por la sociedad en general y, en particular, por el poder legislativo que podrá realizar un control más efectivo de la labor del ejecutivo.