El diputado de VOX por Las Palmas, Alberto Rodríguez, ha defendido la proposición no de ley de VOX, sobre la protección de las familias en un contexto de aumento de la presión fiscal.
Rodríguez ha asegurado que el objetivo de VOX con esta propuesta es «proteger a las familias, a los autónomos y a las empresas españolas, que están sufriendo las consecuencias de las desastrosas políticas económicas puestas en práctica por el Gobierno socialcomunista del presidente Sánchez».
De esta manera, Rodríguez ha asegurado que «la negligente gestión del Ejecutivo en lo económico se ha visto acompañada de una voracidad recaudatoria sin límites: a causa de la inflación, los ingresos de la Hacienda Pública experimentan cifras récord que, sin embargo, no han empujado al Gobierno a bajar los impuestos ni a incrementar la renta disponible de las familias y empresas».
Por ello, ha recordado que las consecuencias de esta política tributaria han sido las siguientes: «Pérdida de capacidad adquisitiva de las familias, que ven reducida su renta disponible por los cada vez mayores y más numerosos impuestos, así como por una inflación galopante (el precio de los alimentos ha crecido un 16,7% este mes, con una inflación subyacente del 7,6%, lo que supone máximos históricos), la reducción de la representación del sector privado en el conjunto de la economía, lo que ha supuesto un verdadero efecto expulsión y la deslocalización de fábricas, centros de trabajo y empresas, así como cambios de sede de multinacionales españolas, como Ferrovial a Países Bajos, que huyen por la inseguridad jurídica y la presión fiscal y regulatoria».
«Por lo tanto, -ha asegurado- urge un cambio de estrategia en política económica a través de una política fiscal que favorezca el crecimiento, mediante una reducción del gasto político improductivo, acompañada de la reducción de la inseguridad jurídica de la que alertan estudios y empresas, así como de medidas económicas de calado en todos los ámbitos que permitan a los españoles tener mejores niveles de riqueza, renta y empleo, y, en suma, de bienestar social».
En este sentido, Rodríguez ha explicado que el Gobierno debe impulsar reformas legislativas y económicas. «En primer lugar, para impulsar la creación de empleo, a través de la reducción y simplificación del tipo del Impuesto sobre Sociedades y la reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa; impulsar la reindustrialización y la relocalización de centros de producción, mediante la adopción de medidas públicas que favorezcan la competitividad de nuestras empresas y hagan atractiva la inversión en España».
En segundo lugar, ha instado al Gobierno a «promover la disminución de la presión fiscal y del esfuerzo fiscal, aumentando así la renta disponible e incrementando la capacidad de ahorro de las familias, a través de la rebaja del IRPF; la reducción de las cotizaciones sociales a cargo del trabajador; la mayor facilidad en la adquisición de la primera vivienda, impulsando la recuperación de la bonificación por adquisición de vivienda habitual, así como una rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales; las acciones hacia la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (antiguamente denominada “plusvalía municipal”)».
En tercer lugar, «el Gobierno también debe implantar políticas de reducción de la deuda pública que soporta cada español y de racionalización del gasto público a través de un uso más eficaz y eficiente de los recursos de todos los españoles, que permitan una mejor asignación en favor de las familias, en particular mediante las siguientes estrategias:
-La disminución drástica del gasto político improductivo a cargo de la Administración General del Estado, reduciendo el número de Ministerios, órganos superiores y directivos, organismos y entidades de cualquier clase en la Administración General del Estado, y suprimiendo todas las entidades que no redunden en beneficio de los españoles;
-el estudio y eliminación de las duplicidades administrativas producto del modelo territorial que generan distorsiones e ineficiencias que repercuten en la prosperidad de las familias y empresas; y todo ese importe ahorrado en este gasto superfluo debe destinarse a paliar la emergencia social que viven los españoles, a mejorar la asignación de recursos a políticas de largo plazo, como la mejora del sistema educativo y el incremento en la calidad de los servicios sanitarios de forma equitativa en todo el territorio nacional.
Por otro lado, Alberto Rodríguez ha puesto como modelo las medidas adoptadas por VOX en el Gobierno de Castilla y León:
-El aumento del importe de la deducción por hijo en el IRPF, duplicando la cantidad actual a partir del tercero, y de forma progresiva para los siguientes;
-La aplicación de un tipo reducido de IVA para la adquisición de vehículos entre 5 y 9 plazas para familias numerosas.
-El establecimiento de una exención del pago de las tasas de tráfico para las familias numerosas de categoría especial y una bonificación del 50% para las familias de categoría general.
-El diseño de planes sociales de alquiler de viviendas a familias, particularmente a aquellas en situación más desfavorecida o las numerosas.
-La modificación de los requisitos contemplados en los planes de vivienda, tanto de renta (que ha de considerarse familiar per cápita) como de edad, para el acceso de familias numerosas españolas a una vivienda protegida.
-La consideración de la renta per cápita y cada uno de los hijos a cargo para todas las bonificaciones, deducciones o prestaciones, en cumplimiento del artículo 31.1 de nuestra constitución, que establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”.
En definitiva, el diputado de VOX ha asegurado que la medida de VOX trata de «generar un entorno social, económico y normativo atractivo y fiable para la formación y el progreso de las familias, que proporcione certidumbre y seguridad en cuanto al apoyo que el Estado ha de asegurar a estas por su contribución al bien común«.