El diputado de VOX por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, ha defendido hoy en el Congreso la enmienda a la totalidad presentada por su grupo a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso impulsada por el PSOE para regular los grupos de interés.
Gil Lázaro ha recordado que ya en junio “me opuse a la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con el fin de reformar el reglamento de la Cámara para regular en él la figura de los lobbies o grupos de interés”.
El diputado ha denunciado la contradicción de que el PSOE afirme que la reforma busca “reforzar la transparencia y luchar contra la corrupción” cuando lo dice “el principal grupo que apoya en esta Cámara al Gobierno. Un Gobierno opaco y rodeado de corrupción”.
En este sentido, Gil Lázaro ha afirmado que el Ejecutivo es “opaco, señorías, porque sistemáticamente se niega a rendir la información que se le solicita”, citando como ejemplos “negarse a decirle a la Cámara cuánto cuesta anualmente al erario público el mantenimiento de las consecuencias de esa invasión migratoria ilegal que el propio gobierno fomenta”, “negarse a decirle a la Cámara el número de vuelos realizados por los aviones oficiales Falcon a la República Dominicana y la identidad de las personas que han volado en dichos aviones” o “negarse el propio Sánchez ante el Pleno de la Cámara a decir con qué altos directivos de empresas del IBEX habló personalmente en favor de los negocios de su esposa”.
Gil Lázaro ha recordado que se trata de “un gobierno rodeado por la corrupción”, que “empieza por el círculo familiar del propio presidente del Gobierno, su esposa y su hermano”, y que “continúa con quienes fueron su círculo máximo de confianza política, Ábalos, Cerdán, Coldo”. También ha mencionado que “siguen pendientes importantes investigaciones judiciales en curso, como las que afectan a la trama de las mascarillas o a la trama de los hidrocarburos”.
“No es solo corrupción económica, porque corrupción es también trapichear con un delincuente prófugo de la justicia para ser investido presidente del Gobierno”, ha añadido, así como “mantener en su cargo al fiscal general del Estado cuando está a punto de ser juzgado por el Tribunal Supremo” o “lanzar a una fontanera socialista a hurdir maniobras contra jueces, fiscales y miembros de la UCO que investigan la corrupción del sanchismo”.
“Corrupción es también tratar de sojuzgar a la justicia, acallar a la prensa, invadir instituciones, quebrar la separación de poderes, pisotear el Estado de derecho o pasarse por el forro la Constitución”, ha señalado el diputado de VOX.
Asimismo, ha reprochado al PSOE su “puro postureo” y ha defendido las seis reformas concretas que VOX propone mediante su enmienda:
-Limitar a 12 el número de comisiones permanentes legislativas frente a la hiperinflación actual, fruto a su vez de la hiperinflación ministerial creada por Sánchez, 22 ministerios.
-Garantizar la publicidad de los informes emitidos por los letrados de las Cortes a requerimiento de la mesa de la Cámara o de la mesa de cualquier otra comisión.
-Acabar con el fraude que supone el uso de las proposiciones de ley por parte de los grupos que conforman el Gobierno.
-Recuperar el uso exclusivo de la lengua española en la actividad oral y escrita de esta Cámara, frente al desafuero actual que supone el uso de las lenguas que son cooficiales solo en sus respectivas comunidades autónomas.
-Incorporar expresamente al reglamento de la Cámara la fórmula de acatamiento a la Constitución a través de un explícito “sí, juro” o “sí, prometo”.
-Acabar con lo que supone un manifiesto fraude en la constitución de los grupos parlamentarios.
Además, Gil Lázaro ha defendido que “el reglamento de la Cámara debe someterse en su redacción a las recomendaciones de la Real Academia Española, esa que ahora quiere también asaltar el Gobierno para limpiar de todos los excesos del llamado lenguaje inclusivo”.
El diputado ha concluido recordando que las reformas de VOX “dotan a la práctica parlamentaria de mayor austeridad, de mayor eficacia, de mayor transparencia y de mayor respeto a las leyes, todo ello en beneficio de la propia institución, para que ésta pueda recuperar cuanto antes el prestigio de los ciudadanos y el papel central que le corresponde en la vida política española”.