El diputado de VOX por Las Palmas, Alberto Rodríguez Almeida, ha intervenido en el debate de convalidación del Real Decreto relacionado de ayudas a La Palma, dirigiendo duras críticas a la gestión del Gobierno de España y, en particular, a la actuación del ex-Presidente del Gobierno de Canarias y actual Ministro, Ángel Víctor Torres.
Rodríguez Almeida ha calificado la gestión como un «papelón» para el ministro Torres y ha asegurado que ni él como presidente autonómico, ni el Gobierno central «estuvieron a la altura» de la catástrofe.
La crítica del diputado se ha centrado en el «contraste» y la «situación humillante» en el trato a los damnificados de La Palma frente a los inmigrantes ilegales llegados a Canarias: mientras que la ayuda máxima estatal para los palmeros que lo perdieron todo se estableció en 60.480 euros, cantidad que ha sido insuficiente y que a menudo no llega a tiempo, el coste de atención a un inmigrante ilegal fue de 120 euros diarios, incluyendo alojamiento en hoteles de «cuatro y cinco estrellas» con pensión completa.
Esta disparidad, ha dicho Rodríguez Almeida, es tal que el gasto en solo cuatro meses de atención a un inmigrante ilegal ya supera la totalidad de la ayuda máxima que podían aspirar a recibir los damnificados de La Palma.
Tras esto, Rodríguez Almeida ha dedicado un momento de su intervención a agradecer públicamente al presidente de la formación, Santiago Abascal, por el apoyo brindado.
Específicamente, le ha agradecido por haber apoyado a «todos los empresarios de Puerto Rico» que sufrieron las consecuencias de alojar en sus hoteles a los inmigrantes ilegales.
El diputado ha puesto en duda las prioridades presupuestarias del Gobierno canario y ha señalado una disparidad de recursos: el límite de gasto para el superávit de la Comunidad Autónoma destinado a los damnificados de La Palma (dentro del Real Decreto) es de solo 100 millones de euros, mientras que el Gobierno de Canarias prevé gastar 190 millones de euros en la atención a inmigrantes ilegales.
Alberto Rodríguez ha concluído su intervención manifestando que el Gobierno ha «suspendido categóricamente» en su obligación de atender y proteger a los españoles, y ha tildado la situación de «especialmente humillante en el caso de Canarias por la atención que hacen a los inmigrantes ilegales que violentan nuestra frontera».