Pablo Sáez

Sáez rechaza la reforma del Tribunal de Cuentas de Junts, un partido que ‘no respeta la independencia de la Justicia’

El portavoz de VOX en la comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Pablo Sáez, ha acusado a Junts per Cataluña de «darse cuenta ahora de la necesidad de reformar» la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que han sido debatidas en la Proposición de Ley presentada por el partido separatista este martes en el Congreso. Sáez ha señalado que el proponente argumenta «que el Tribunal mantiene determinadas funciones por las presiones que existieron de los empleados y miembros del Tribunal de Cuentas franquista. Y se dan cuenta precisamente cuando el Tribunal de Cuentas rechazó los avales con los que el gobierno de la Generalidad pretendía hacer frente al pago de los 5,4 millones de euros que se destinaron a la promoción internacional del referéndum y el proceso independentista de Cataluña«.

Asimismo, el diputado de VOX por Valladolid ha afirmado que «se menciona la pretensión de acercar la configuración legal del Tribunal de Cuentas a los principios constitucionales básicos del Estado de Derecho, que son: la división de poderes públicos y el sometimiento de la actuación de estos al control judicial. Curiosa reclamación viniendo de un partido político que demuestra, continuamente, que no respeta la Constitución, no respeta las resoluciones de los Tribunales y no respeta la independencia de la Justicia«.

Sáez ha explicado que para el Grupo Parlamentario Vox, tres son los puntos principales a analizar:

Primero. «Cualquier reforma se debe orientar a fomentar la independencia e imparcialidad del funcionamiento del Tribunal de Cuentas y eso pasa, por revisar los criterios de nombramiento de los consejeros. Mencionar a este respecto la revisión, que en 2015, realizó el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas de Portugal. En el informe realizado por ambos organismos, se aconsejaba literalmente: “revisar los procedimientos de designación de los consejeros de Cuentas y, en concreto, definir criterios objetivos y precisar con más detalle las condiciones de acceso al cargo”. Puro sentido común. Quienes tenemos experiencia en auditoría sabemos que la exigencia de independencia es clave en el marco de los principios éticos y reglas profesionales que se recogen tanto la ley de auditoría y su reglamento, como las Normas Internacionales de Auditoría.

Segundo. Con esta Proposición de Ley se plantea traspasar la instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance, de los delegados instructores (que son funcionarios), a los consejeros de cuentas. Es innegable que, a la vista del procedimiento de designación de los consejeros, esta propuesta no refuerza la necesaria independencia en la instrucción y supone una merma en la eficiencia. Hay que reforzar la profesionalización del personal del Tribunal de Cuentas. Personal que, de acuerdo al informe del Tribunal de Cuentas Europeo, tenía un alto grado de compromiso y de sentido de la responsabilidad y, en general, competencias técnicas adecuadas a sus funciones principales.

Tercero. Introduce la posibilidad de delegar en los órganos autonómicos de fiscalización, la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. En VOX creemos que lo que hay que hacer con los Organismos de Control Externo de las Comunidades Autónomas es suprimirlos y que el trabajo lo lleve a cabo el Tribunal de Cuentas. Es de sentido común darse cuenta que la centralización de los organismos de control elimina duplicidades, facilita la eficiencia, contribuye a la imparcialidad, supone un ahorro de costes y fomenta la unidad de criterio».

Uno de los aspectos denunciados por Sáez se refiere a las duplicidades y costes. «El Estado Autonómico ha propiciado la creación de 12 Órganos de Control Externo, a parte del Tribunal de Cuentas, que nos cuestan a los españoles cerca de 79 millones de euros anuales«.

Por último, Pablo Sáez ha señalado que «buscar la imparcialidad es sentido común, buscar la eficiencia y la profesionalización es sentido común, evitar la politización es sentido común, evitar duplicidades es sentido común. Y es que VOX es puro sentido común».