El diputado de VOX por Valladolid y portavoz de la Comisión de Hacienda y Función Pública, Pablo Sáez, ha acusado a Sumar, autor de la proposición de ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios, de ser «corresponsable, como partido de Gobierno», de que «haya crecido desde el año 2019 la población en riesgo de pobreza o exclusión social, especialmente aquella con carencia material y social severa», de haber convertido España en un «entorno hostil en cuanto al acceso a la vivienda, con un alza de los precios desproporcionado en relación con la capacidad económica de los españoles» y hostil por la «excesiva burocracia y carga fiscal, la insuficiente oferta de vivienda social y protegida, la escasez artificial de suelo edificable y por la impunidad ante la ocupación ilegal». En definitiva, ha resumido Sáez, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz es «corresponsable de que en los últimos 10 años el precio de la vivienda haya aumentado de media un 57,3% mientras la capacidad adquisitiva de los españoles ha caído un 23,7%».
Así, Sáez ha dicho que la proposición de ley de Sumar «llama la atención por sus omisiones, por sus errores y por su falta de claridad». Una ley, ha explicado, que es continuación de una pregunta que Sumar hizo al Gobierno hace 11 meses y cuya respuesta parece que no convenció al grupo proponente. Nada extraño, sabiendo que estamos ante el Gobierno del bulo, la mentira y del engaño», ya que el Ejecutivo respondió que las estadísticas que anualmente proporciona el Banco de España en su Memoria de Reclamaciones, no reflejan una incidencia y extensión relevante de la posible falta de transparencia de las cláusulas REDAL ni de los perjuicios de las mismas.
Por ello, el diputado de VOX ha expuesto que le llaman atención los siguientes puntos:
-Omite en su exposición de motivos mencionar la legislación aprobada en 2o12, Real Decreto-ley 6/2012, y el Real Decreto-Ley 19/2022, sobre códigos de buenas prácticas.
-Una Proposición de Ley que, cuando menciona la falta de unicidad de criterios, confunde aplicación con emisión de sentencias judiciales.
-Una Proposición de Ley que no explica las razones por las que no se considera adecuado el sistema de reclamaciones existente y pide a las entidades de crédito implantar un sistema de reclamación específico.
-Tampoco nos explica el grupo Sumar si esta iniciativa va a paralizar la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero por parte de este gobierno.
-Una Proposición de Ley que reconoce el fracaso del Plan de Educación Financiera 2022- 2025, promovido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
-Una Proposición de Ley que en el artículo 2 da potestad al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para añadir mecanismos de sesgo en la decisión que hayan observado en los contratos hipotecarios. «La Agenda 2030 y los derechos sociales son conceptos contradictorios», ha dicho Sáez.
-Una Proposición de Ley que crea un marco de inseguridad jurídica preocupante, al prohibir en el artículo 3.2 ir a juicio cuando el contrato pudiera ser objeto de esta ley y que podría interferir con la independencia del poder judicial, que es de dudosa legalidad y que podría afectar a la confianza en la estabilidad y previsibilidad de los procedimientos judiciales.
-Una Proposición de Ley que propone plazos de resolución para prestamistas y el Banco de España poco realistas.
Por el contrario, Pablo Sáez ha explicado que para VOX «proteger a los españoles es regular y legislar bien, con textos de calidad y con un cierto criterio económico y es mejorar la educación financiera, como aparece en nuestro programa electoral». Por último, Pablo Sáez ha añadido: «Proteger a los españoles es dejar de expoliarles con impuestos que encarecen la vivienda habitual y permitir que se deduzcan parte de los gastos de sus hipotecas en el IPRF. Proteger a los españoles es impulsar la construcción viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra para garantizar que los jóvenes y familias puedan adquirir un hogar. Proteger a los españoles es fomentar la colaboración entre la Administración Pública y las entidades privadas a efectos de aumentar el parque de viviendas de protección oficial. Proteger a los españoles es lograr que ustedes se vayan».