El diputado de VOX, José María Sánchez, ha explicado el voto negativo de su partido al Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
Sánchez ha desgranado las razones de fondo que llevan a VOX a oponerse a esta ley. «Entre ellas, que ustedes regulan un verdadero procedimiento especial, y lo hacen porque quieren anticipar el nuevo procedimiento tipo en el que la instrucción queda a cargo del ministerio público y no de los jueces de instrucción como hasta ahora ha sido en España».
El diputado de VOX se ha dirigido al ministro de Justicia, al que ha recordado que la instrucción por los fiscales y no por los jueces «es disconforme con el artículo 124.2 de la Constitución».
A continuación, ha añadido: «Este precepto establece los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica en el ministerio público. De modo que no entendemos cómo puede haber independencia en la instrucción si quien instruye está sujeto a un criterio de unidad de actuación que indica, señala y establece su superior jerárquico».
Sánchez ha señalado que «lo cierto es que esa independencia del fiscal dependiente jerárquicamente debe actuar con arreglo a la unidad de acción, y en todo caso será una independencia menor a la que ahora disfrutan los jueces de instrucción que son independientes. Esto es difícilmente refutable».
En este sentido, ha señalado que hay una dificultad constitucional y que VOX se opone a la supresión de la acusación popular. «No estamos conforme, ya que garantiza mejor la legalidad en materia penal frente a criterios de oportunidad. Cuanto más se amplía la legitimación de los posibles promotores del procedimiento penal de los actores, más ocasión hay de que se verifique y se observe la legalidad penal. Si se reduce, estamos yéndonos al terreno de la oportunidad».
En definitiva, -ha dicho Sánchez- se está reduciendo la represión de los delitos. «Que no es necesaria la supresión de la acusación popular la lo han dicho el CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal».