Transparencia y eficacia: VOX propone indicadores de control en los Presupuestos Generales del Estado para paliar el gasto superfluo

Pretende acabar con la falta de eficiencia a través de criterios de transparencia para conocer en detalle cada partida presupuestaria. Los indicadores propuestos deben regirse por su facilidad de medición y su adecuación a los objetivos pautados en el programa para identificar posibles desviaciones y crear las correspondientes medidas.

El GP VOX ha registrado la Proposición no de Ley relativa al establecimiento de nuevos indicadores de control de la eficiencia y eficacia de los Programas incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

 

Hay que tener en cuenta que los PGE constituyen la ley más importante del año debido a que en ellos se especifican los programas que desarrollarán la política del Gobierno, así como su presupuesto y los ingresos previstos para el mantenimiento de la estructura de la administración central.

 

Cada gasto incluido en los PGE tiene una codificación que lo convierte en único. Es el denominado “código presupuestario”. En dicha codificación se incluye quién es el que realiza el gasto, en qué se emplea y qué programa de gasto incluye.

 

Debido a este carácter excepcional de los Presupuestos Generales del Estado que pautan la vida política, económica y social del país, el GPVOX propone una aplicación de criterios de transparencia y eficacia a los futuros Presupuestos Generales del Estado con el fin de conocer en detalle cada partida presupuestaria y potenciar la eficiencia de las partidas designadas.

 

El GP VOX apoya la creación de indicadores de seguimiento, una herramienta capaz de medir el nivel de rendimiento de un proceso directamente relacionado con un objetivo fijado con anterioridad.

 

Para paliar el incesante gasto superfluo contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, el GP VOX propone la implantación de los ya nombrados indicadores de seguimiento que deben regirse por su facilidad de medición, su enfoque hacia los objetivos perseguidos y su adecuación a los objetivos pautados en el programa con el fin de identificar posibles desviaciones y crear las correspondientes medidas.

 

El establecimiento y cumplimiento de objetivos es uno de los elementos clave de los Presupuestos Generales del Estado, ya que el gasto público debe ir dirigido a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Este punto está recogido en la Constitución Española, la cual en el punto 2 del artículo 31 establece que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. Este precepto obliga a que se logren los objetivos establecidos con el menor consumo posible de recursos y ello precisa establecer una serie de indicadores y proceder a su seguimiento de cara a explicar y corregir desviaciones. Mediante un análisis posterior se determinarán qué programas de gasto no están cumpliendo los objetivos marcados para proceder de esta forma a su rediseño o eliminación.

 

Estos criterios ya están fijados por la Ley General Presupuestaria en su Artículo 26: “La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. Aunque en realidad, los criterios de transparencia y eficacia actuales distan mucho de ser los deseados.

 

Desde esta afirmación debe partirse de un hecho: los programas de gasto de los Presupuestos Generales del Estado apenas sufren variación, en su número y concepto, año tras año, lo cual tiene un impacto directo sobre la respuesta a las necesidades de la ciudadanía por dos motivos. En primer lugar, porque las nuevas necesidades no son respondidas con nuevos programas de gasto, optándose por incorporarlas en programas existentes, lo cual genera ineficiencia en el gasto, al no poder hacerse una óptima asignación de los recursos.

 

En segundo lugar, porque los programas de gasto existentes se han “desvirtuado” en cuanto a sus objetivos iniciales al ir incorporando nuevas necesidades.

 

Se puede concluir afirmando que, tras analizar los indicadores de seguimiento detallados en los Presupuestos Generales del Estado, deben realizarse mejoras en el planteamiento de estos, tanto en el listado de los mismos, su seguimiento y las acciones a tomar en caso de desviaciones.

 

Por todo ello, el GP VOX propone lo siguiente:

 

-Realizar un análisis de los programas de gasto existentes de cara a identificar aquellos que han cumplido el fin por el que se establecieron, aquellos que ha absorbido partidas de gasto que no les corresponden, dada la naturaleza de sus objetivos o aquellos cuyas partidas de gasto no corresponden a los objetivos inicialmente marcados.

 

-Con las conclusiones del punto anterior se propondrá una nueva clasificación de los programas de gasto que respondan a las necesidades de la sociedad y que estén correctamente encuadrados en sus correspondientes secciones.

 

-Establecer una serie de Indicadores de seguimiento para cada programa de gasto, fáciles de obtener y que permitan monitorizar el éxito en la consecución de los objetivos, estableciendo un calendario de cálculo durante el ejercicio.

 

-Instar a la IGAE a que de manera trimestral publique una actualización del valor de los indicadores presentes en los Presupuestos generales del Estado, coordinando las diferentes secciones para el cálculo de estos, respetan-do el cronograma de publicación establecido por el Gobierno en cada Indicador.

 

-Promover un análisis posterior, que permita identificar aquellos programas de gasto ineficaces e ineficientes, tomando las acciones necesarias que garanticen el buen uso de los recursos proporcionados por los ciudadanos y empresas. Está función debe realizarse por un organismo independiente que realice análisis de programas de gasto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) está capacitada para responsabilizarse de este análisis dada su experiencia en la evaluación del gasto público a través del programa Spending Review.