El Grupo Parlamentario VOX ha registrado dos iniciativas dirigidas a garantizar la unidad de España. La primera es una proposición no de ley para la defensa de la unidad y la prosperidad de la nación española y la segunda una proposición de ley orgánica para garantizar la unidad de España.
La PNL registrada señala que “España se enfrenta a uno de los momentos más graves de los últimos tiempos”. En concreto, la proposición se refiere al “segundo capítulo de la alianza de Pedro Sánchez con los peores enemigos de España, como son los golpistas, los prófugos de la Justicia y los herederos directos del terrorismo de ETA, para alcanzar su investidura como presidente del Gobierno”.
En este sentido, VOX sostiene que los pactos entre Pedro Sánchez y sus socios para ser investido presidente “se encuentran muy alejados de las necesidades reales de los españoles”. Así, la emergencia social, el progresivo empobrecimiento de las familias y la paulatina desaparición de la clase media, son realidades que poco o nada les importan.
Frente a ello, la iniciativa insta a “dar una respuesta contundente al envite que supone esta grave amenaza para la unidad nacional y tomar conciencia de cuáles son las preocupaciones reales de los españoles”.
Hay que recordar que la anterior legislatura también supuso un serio peligro para la unidad de España, consagrada en el artículo 2 de la Constitución Española. Entonces, Pedro Sánchez formó su Gobierno sobre una alianza con los peores enemigos de España: separatistas, filoterroristas y golpistas. Cuatro años después -advierte VOX- “esta coalición se vuelve arepetir, incorporando a prófugos de la Justicia”.
Las consecuencias de aquel pacto han sido desastrosas, por ejemplo, en relación con las políticas encaminadas a contentar al separatismo vasco. Es el caso de las cesiones en materia penitenciaria, los acercamientos a las cárceles vascas, progresiones de grado para los criminales de la banda terrorista ETA, permisividad con los “ongi etorri” y menosprecio a las víctimas, expulsión de la Guardia Civil de Navarra… “Nunca antes en nuestra historia reciente un gobierno había hecho tanto por contentar a verdugos y a delincuentes y tan poco por la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo”, denuncia VOX en su proposición no de ley.
Ruptura de la caja única de la Seguridad Social
Pero hay más cesiones al separatismo vasco. La ruptura de la caja única de la Seguridad Social -con el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital- y, en general, el trato de favor que ha tenido el Gobierno con ciertos ejecutivos regionales desleales con España “suponen un ataque continuo al principio de solidaridad entre regiones”, que se consagra en el artículo 2 en relación con el 138 de la Constitución.
En Cataluña también ha habido múltiples cesiones. VOX denuncia las siguientes: ceses arbitrarios de abogados del Estado comprometidos con la defensa del orden constitucional, privilegios penitenciarios a los golpistas condenados, supresión del delito de sedición, rebaja de las penas del delito de malversación, reapertura de las embajadas catalanas, indultos a golpistas contra el criterio del Tribunal Supremo y la constitución de una ‘mesa de diálogo’, equiparando al Ejecutivo regional catalán y sus representantes con el Gobierno de la nación.
Desde luego, la nueva legislatura ha comenzado con la concesión de los chantajes impuestos por el separatismo. Así, se ha permitido la conformación de grupos parlamentarios de las fuerzas separatistas que no reunían ninguno de los requisitos necesarios para ello, contraviniendo flagrantemente todas las disposiciones que sobre la materia contiene el Reglamento del Congreso de los Diputados.
Posteriormente se produjo la aprobación de una reforma del Reglamento del Congreso que impone el uso indiscriminado de lenguas regionales, “dibujando en la principal cámara parlamentaria una auténtica torre de Babel y escenificando el debilitamiento de la cohesión de España como única comunidad nacional”, recoge VOX en su proposición no de ley.
Por si fuera poco, los partidos que apoyan al Gobierno en funciones exigen a Sánchez el penúltimo ataque contra la unidad nacional y el orden constitucional: la aprobación de una ley de amnistía para beneficiar a los criminales que en 2017 perpetraron en Cataluña un golpe contra España. VOX, advierte: “Tal norma supondrá una burla de la prohibición constitucional de indultos generales, constituirá un atentado contra la separación de poderes al arrancar del Poder Judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sobre gran número de importantes delitos, y privilegiará a los delincuentes separatistas en una intolerable vulneración de la más elemental igualdad ante la ley”.
Los ataques a la unidad de España también se han producido en materia de política exterior. VOX califica la relación del Gobierno deSánchez con Marruecos en términos de “permisividad y complacencia”, ya que “los ataques y menosprecios marroquíes hacia nuestra soberanía son de una gravedad extrema y merecen ser censurados”. Entre ellos, destacan los “errores” protocolarios que han supuesto numerosas ofensas a nuestra bandera, las continuas alusiones a Ceuta, Melilla y a nuestras islas y peñones y la condescendencia o, incluso, provocación de los ataques a nuestras fronteras a través de los asaltos masivos de inmigrantes ilegales.
Estos hechos -asegura VOX- “agravados por las erráticas políticas migratorias del Gobierno” y por la clara “estrategia de chantaje” de las autoridades marroquíes en esta materia, “provocan un efecto llamada a la inmigración ilegal masiva que pone en peligro nuestra seguridad y nuestro Estado de bienestar”. También caben destacar los giros inesperados e inexplicables en la posición española sobre el Sáhara Occidental. “La política del Ejecutivo español ha sido negligente”, sentencia VOX en la iniciativa.
La proposición no de ley también asegura que el Gobierno de Sánchez “fomenta el odio y el enfrentamiento entre españoles mediante la aprobación de leyes ideológicas. Y las consecuencias más perjudiciales de este proyecto de ingeniería social son la polarización y la reapertura de las heridas que ya se habían cerrado en nuestra sociedad”.
El asalto a las instituciones y la neutralización del poder judicial son otros de los ‘logros’ de Pedro Sánchez. “El Gobierno ha quebrado la separación de poderes y la independencia judicial”, señala VOX. En concreto, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado -a través de una politización sin precedentes con el nombramiento de Dolores Delgado-, el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Congreso de los Diputados.
Otro capítulo es el de la pasividad del Ejecutivo con el crimen, entre las que destacan, “las rebajas de condena y excarcelaciones de violadores, a la creciente y tolerada okupación y a los constantes desacatos a la autoridad”.
De esta manera la proposición no de ley registrada por VOX pretende dar una respuesta a largo plazo para solucionar los problemas de los españoles. “Las negociaciones y cesiones llevadas a cabo por los diversos gobiernos de España y sus socios separatistas han ido generando un importante desequilibrio entre las distintas regiones, que ha tenido como consecuencia la ruptura del principio de igualdad entre los españoles y la falta de solidaridad entre las distintas regiones, dando lugar a una más que evidente fractura social, a enfrentamientos ideológicos dañinos y a una profunda desafección por muchas de nuestras instituciones y de nuestro símbolos”.
Por ello, la iniciativa registrada pide al Congreso que inste al Gobierno a:
1) Fomentar la afirmación histórica y social de España, así como el respeto hacia sus símbolos.
2) Promover el endurecimiento de las penas previstas para delitos que atentan contra la unidad nacional, como la traición y los ultrajes contra los símbolos nacionales; promover la recuperación o la nueva tipificación de los delitos de como el referéndum ilegal o la sedición, entre otros, con penas más elevadas que en su redacción original.
3) Tomar las medidas necesarias para la defensa del español como riqueza y vehículo de cohesión social y territorial, garantizando a todos los españoles su derecho a conocer y usar la lengua común.
4) Combatir el separatismo desde el punto de vista político, judicial y cultural, tanto en el interior de España como en el exterior.
5) Poner fin a las políticas de cesión al separatismo, investigar los crímenes de ETA pendientes de resolver y promover la búsqueda y puesta a disposición judicial a los prófugos de la justicia pertenecientes a la banda terrorista ETA.
6) Impulsar la ilegalización de todos aquellos partidos políticos que incumplan la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y en todo caso de aquellos que en sus estatutos, programas o declaraciones tengan por fines declarados quebrar la unidad de España y el orden constitucional que en ella se fundamenta, o perseguir la separación de una parte del territorio nacional, o cuando su actividad tienda a los fines mencionados.
7) Impulsar la devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica para terminar con 17 sistemas normativos distintos y poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad y los derechos de todos los españoles.
8) Promover una auténtica política de estado en materia de relaciones internacionales que refuerce nuestra posición en el exterior, nuestro prestigio internacional y nuestros intereses como Nación.
9) Adoptar las medidas necesarias para reafirmar y garantizar la soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y el resto de los territorios españoles del norte de África, y para exigir la devolución de Gibraltar y el final de su intolerable situación colonial.
10) Recuperar la normalidad democrática y la independencia y neutralidad institucional; en concreto la de Radio Televisión Española, la del Tribunal Constitucional, la de la Fiscalía, la del Tribunal de Cuentas, la del Banco de España, la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la del Centro de Investigaciones Sociológicas, la de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, así como la de cualquier otra institución en la que se esté comprometiendo su independencia.
PROPOSICIÓN DE LEY
Por otro lado, en la proposición de ley registrada, VOX advierte de que distintas instituciones, “entre ellas el Gobierno de la nación, cuya misión fundamental debe ser garantizar la defensa de la Constitución y el imperio de la ley, se encuentran avanzando en el desmantelamiento del régimen de garantías previsto”.
En este sentido, la iniciativa señala que el Gobierno de Sánchez “ha impulsado normas que atentan directamente contra los principios constitucionales y el Estado de Derecho”. Por ello, VOX explica que “es imperativo acometer una sanación del ordenamiento jurídico que revierta estos ataques a la Constitución y que permita a los españoles centrarse en el progreso, el crecimiento, la modernización de las estructuras estatales y, en definitiva, en salvaguardar la unidad nacional y la igualdad de los españoles”.
Además de la acción del Gobierno, VOX advierte de los problemas que suponen los partidos separatistas, “una amenaza de primera magnitud para la unidad nacional”. En su opinión, “siendo la indisoluble unidad de España unos de los pilares de la Constitución, es lógico considerar que los partidos que aspiran a romper la unidad de la nación española están atacando la base de la comunidad política y el fundamento del sistema constitucional”.
Portugal, Alemania y Francia frente a los partidos separatistas
En este sentido, recuerda las legislaciones de algunos países de nuestro entorno que prohíben a las formaciones que atenten contra la unidad de la nación o la soberanía nacional. Es el caso de Portugal, Alemania o Francia. La Constitución portuguesa de 1976 exige en el artículo 10 que los partidos políticos respeten el principio de unidad del Estado y excluye directamente la formación de partidos “con nombre o programa que tenga naturaleza o alcance regional”.
Por su parte, el artículo 21.2 de la ley Fundamental alemana de 1949 declara la inconstitucionalidad de los partidos que pongan en peligro la propia existencia de la República Federal de Alemania. En tercer lugar, la Constitución francesa de 1958 exige en su artículo 4 que los partidos políticos ejerzan su actividad dentro del respeto al principio de soberanía nacional, teniendo además en cuenta que el artículo 89 establece que la reforma constitucional no puede afectar a la integridad territorial de la nación.
El problema que representan los partidos separatistas es especialmente grave en el caso de nuestro país, advierte la proposición de ley. “No se trata solamente del daño que provocan en la sociedad con su propaganda basada en el odio al mismo ser de España. El poder alcanzado por las fuerzas políticas separatistas en los ámbitos regional y local ha sido utilizado sistemáticamente desde hace décadas para debilitar los vínculos que sostienen la unidad política y social de nuestra nación”.
Este hecho, advierte, ha provocado que “las minorías parlamentarias separatistas” hayan sido capaces “de condicionar las grandes orientaciones de la política del Estado, las leyes presupuestarias y la misma formación de gobiernos”. La influencia de los separatistas en la política española es “absolutamente desproporcionada con relación a su número” y ha provocado “gravísimas consecuencias”.
Reforma de la ley de partidos
Por ello, VOX propone dejar fuera de la ley a los partidos separatistas. Así, contempla varias modificaciones de la ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos con el objetivo de “asegurar la integridad del sistema político y en especial la preservación del bien más básico y más precioso, que es la propia continuidad de España”. Una de estas reformas afecta al artículo 6 relativo a los principios básicos a que han de atenerse los partidos, “a los cuales se incorpora la unidad y la soberanía nacionales como base de la propia comunidad política”.
Sin embargo, los cambios más sustanciales son los que se refieren a los artículos 9 y 10, para calificar como límites a la actividad de los partidos políticos el respeto a la unidad y la soberanía de España, y el no atentar contra su integridad territorial. “Los partidos que transgredan estos límites, por tener como finalidad no el bien común sino la destrucción del presupuesto mismo de la comunidad política, que es su propia unidad y existencia, deben ser considerados ilegales e incursos en causa de disolución”. Por la misma razón, y a efectos específicamente electorales, se modifica también el artículo 44 de la ley orgánica del Régimen Electoral General.
Otro de los puntos que aborda la proposición de ley de VOX es el de la regulación del referéndum. “Siendo la nación quien se constituye en Estado, ningún otro sujeto actual o futuro está facultado para someter a debate y votación la existencia misma de España. Por idénticas razones, una determinada región no está facultada para someter a consulta la separación o desmembración de la nación, ya que ésta forma parte de ese todo, de ese sujeto que es España-nación”. Esto, por supuesto, no excluye el derecho de participación recogido por la Constitución en su artículo 23.1 que, junto a la participación directa o semidirecta -como iniciativa popular- contempla las modalidades de referéndum.
Como recuerda VOX en su iniciativa, el referéndum sólo se ha utilizado en dos ocasiones: en 1986, sobre el ingreso de España en la OTAN y en 2005 para la ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para la Unión Europea.
Prohibición del referéndum con fines contrarios a la unidad de España
Sin embargo, en 2017 el Gobierno separatista catalán presidido por Puigdemont convocó una consulta popular ilegal que pretendía tener la apariencia de referéndum para legitimar la destrucción de España y cercenar la soberanía nacional. Esta consulta, señala la iniciativa, “fue ilegal por cuanto no existe en nuestro Derecho ninguna modalidad que permita a ningún sujeto, región ni siquiera al mismo pueblo español realizar una consulta semejante sobre materias que afecten a la propia existencia de la nación”.
La respuesta para evitar estos ataques -sostiene VOX- debe realizarse, entre otras medidas, mediante la modificación de la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y prohibiendo expresamente la utilización del referéndum con fines contrarios a la unidad de España modificando, a su vez, la ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.
Del mismo modo, propone la modificación de la letra k) del artículo 39 del Código Penal, para incluir la pérdida de la nacionalidad española no de origen como una de las penas privativas de derechos. “La nacionalidad es el vínculo que une a la persona con su comunidad política. Quien, detentando la calidad de español sin serlo de origen (artículo 11 de la Constitución), se vuelve contra su propio país al atentar contra su misma existencia, debe ser privado de su nacionalidad española”, señala.
Por otro lado, la proposición de ley incluye la modificación de los artículos 544 a 549 del Código Penal para recuperar el delito de sedición devolviendo el vigor de dichos artículos y aumentando las penas de privación de libertad por su comisión.
De igual forma, la convocatoria ilegal de referéndum, que se contemplaba en los artículos 506 bis y 521 bis del Código Penal y fueron suprimidos por la ley orgánica 2/2005, de 22 de junio, con base en que los tipos penales descritos “se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión”, se reintroduce en el Código Penal, aumentando las penas que anteriormente se señalaban, y asimismo se establece un tipo agravado para las consultas populares ilegalmente celebradas cuando cuestionen la unidad y soberanía nacional o el propio orden constitucional.
Como complemento a la reforma del código penal, VOX propone modificar la ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, con el fin de prohibir expresamente la utilización del referéndum cuando atente contra la unidad de la nación, la soberanía de todos los españoles o el orden constitucional, en concordancia con el código penal.
Ultrajes a España
También cabe destacar que en los últimos años se viene produciendo un incremento considerable de los ataques a los símbolos comunes de nuestra nación que, “además de ultrajes a España, también lo son a todos los españoles”, lamenta VOX. Por desgracia, muchos de estos ataques son impulsados desde instituciones públicas, especialmente desde algún gobierno regional pasando por alto la obligación de sometimiento pleno a la ley y al Derecho que establece el artículo 103 de la Constitución. Frente a ello, VOX propone incrementar la respuesta penal por la comisión de delitos de ofensas o ultrajes a España a través de un tipo agravado cuando los autores son miembros del Gobierno, según se expone en los artículos 584 y 592 del Código Penal o incluso quien, por razón de su cargo, deba tener una especial conducta respetuosa hacia los mismos.
Otro de los ataques a la igualdad y a la convivencia procede de leyes aprobadas recientemente. Uno de estos casos es el de la disposición adicional quinta de la ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, que cede la competencia para la gestión de esta prestación no contributiva a las regiones con régimen económico especial. “Tal cesión constituye una ruptura del principio de unidad de caja que debe informar el funcionamiento de la Seguridad Social, en cuya virtud el Estado es, en todo el territorio nacional, el único titular de la totalidad de los recursos, obligaciones y prestaciones de la Seguridad Social”, sostiene la proposición de ley.
De otra parte, el apartado 7 de la disposición adicional segunda de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local fue modificado por la disposición final primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Tal reforma -advierte VOX- se llevó a cabo con la finalidad de “despojar al Estado de la competencia para ordenar y regular el personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional que desempeña sus servicios en las provincias vascas”. Así, VOX propone en esta proposición de ley dejar sin efecto esa reforma, de modo que se devuelta tal competencia administrativa al Estado.