En Madrid, a 11 de octubre de 2022– El 22 de abril de 2022 el Gobierno informó en su respuesta a VOX sobre los hechos relacionados con la ocupación y conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde 2011 hasta enero-febrero de 2022. Conforme a este documento se acredita que los hechos conocidos de estos delitos van desde los 2.849 casos desde 2011 a los 17.274 del 2021, lo que supone un incremento en 10 años de aproximadamente un 450%. Asimismo, según la información disponible, entre enero y abril de 2022 se han producido de media unos 50 casos por día, 5.931 hechos en total.
Una de las cuestiones que más polémica ha suscitado, por lo paradójico que resulta, es que un okupa pueda inscribirse en el padrón municipal como residente del inmueble que ha usurpado, puesto que ningún precepto legal lo impide. Así, quien comete este acto antijurídico se puede ver recompensado por todos los derechos que lleva aparejado el empadronamiento, como son los que contempla el artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Por ello, el GP VOX ha registrado la siguiente pregunta:
-¿Hace el Gobierno algún tipo de seguimiento, en colaboración con las entidades locales, de casos de personas que se hayan empadronado en inmuebles ilegalmente ocupados?
Asimismo, el 26 de mayo se registró una iniciativa relativa a la estimación del Gobierno sobre el número de viviendas ocupadas ilegalmente existentes en España. En concreto, se preguntó: “En 2022, hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa, ¿de qué datos dispone el Gobierno sobre los hechos conocidos de ocupación de inmueble?”
El 23 de junio el Gobierno respondió adjuntando un cuadro donde se recogen “los hechos relacionados con la ocupación de inmuebles conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre enero y abril del presente año”.
En este sentido, con el propósito de hacer un seguimiento sobre la evolución de dicho fenómeno delictivo y el efecto de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatirlo, los diputados arriba firmantes solicitan nuevos datos actualizados. En relación con la información mencionada, el GP VOX dirige la siguiente pregunta al Gobierno:
-En 2022 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa, ¿de qué datos dispone el Gobierno sobre los hechos conocidos de ocupación de inmueble?
Ese mismo 26 de mayo y con respuesta del 23 de junio, VOX había preguntado acerca de qué manera vincula el Gobierno las medidas adoptadas durante la vigencia de las medidas restrictivas frente al covid-19 con el resultado del incremento de los casos de ocupación de inmuebles. La respuesta del Ejecutivo fue la siguiente: “Para combatir este fenómeno delictivo el 17 de septiembre de 2020, mediante la instrucción 6/2020 de la secretaría de Estado de Seguridad, se estableció el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles. También las Fiscalía General del Estado aprobó una instrucción en el mismo sentido para orientar en el proceder de las actuaciones judiciales”.
Posteriormente, el 26 de agosto, el Gobierno añadió: “En relación a la política seguida sobre ocupación de viviendas por el Ministerio de Justicia, sus señorías pueden consultar en el Diario de Sesiones de la cámara alta la intervención de la ministra de Justicia del 5 de abril en el pleno del Senado, respondiendo una interpelación del Grupo Popular en dicha cámara”.
De lo anterior no cabe sino reprochar al Gobierno la forma con la que evita responder a la pregunta formulada por los diputados firmantes en uso de su derecho fundamental a la participación política ex artículo 23 de la Constitución (en relación con los artículos 109 de la Constitución y 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados), por cuanto se desconoce de qué manera vincula el Ejecutivo las medidas adoptadas durante la vigencia de las medidas restrictivas frente al COVID-19 con el resultado del incremento de los casos de ocupación de inmuebles.
Por ello, el GP VOX ha formulado la siguiente pregunta:
-¿De qué manera vincula el Gobierno las medidas adoptadas durante la vigencia de las medidas restrictivas frente al COVID-19 con el resultado del incremento de los casos de ocupación de inmuebles?
Por otro lado, el 29 de septiembre, varios miembros del Gobierno realizaron una serie de declaraciones en relación con el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles. Así, la ministra de Igualdad, Irene Montero, declaró lo siguiente: “Yo creo que el problema de la vivienda tiene que ver con los precios abusivos de los alquileres y también con las subidas abusivas de las hipotecas que se pueden producir para muchas familias. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha y creo que, como ayer decía Rafa Mayoral, que cuando compramos la agenda de la derecha al final gana la derecha”.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró en TVE a la pregunta de si la ocupación de viviendas es un problema en España: “No, no es un problema, y sí es un problema lo que decía el señor Mayoral, que es no poder pagar la hipoteca que tenga ahora mismo cualquier ser humano por su renta variable y el Euribor (…). Estas políticas son las que hacen las cosas que pasan en Italia y entonces cuidado, tengamos cuidado con lo que hacemos”.
En relación con todo ello, el GP VOX ha registrado las siguientes preguntas:
- ¿Considera el Gobierno que el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles se trata de un problema “irreal” o “inventado”?
- Teniendo en cuenta los datos de ocupación ilegal contemplados en la referida contestación del Gobierno, ¿a qué conclusión llega el Gobierno respecto al fenómeno de la ocupación ilegal?