El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley relativa a la necesidad de poner freno a la sobrerregulación europea con el fin de preservar la actividad industrial y el empleo para su discusión en la comisión de Industria y Turismo.
VOX asegura que la Unión Europea ha sufrido durante los últimos años un proceso de aumento desmesurado de su actividad legislativa. Así lo corrobora el número de actos legislativos durante el primer mandato de Ursula von der Leyen: “La UE adoptó alrededor de 13.000 actos legislativos. En contraste, el Congreso de Estados Unidos aprobó aproximadamente 5.000 actos legislativos”.
En la iniciativa, VOX recuerda que tanto el Informe Draghi como el Informe Letta alertan de los efectos adversos que esta carga normativa tiene sobre la industria europea: “La actual sobrerregulación europea está imponiendo costes adicionales considerables a las empresas, perjudicando gravemente a las pymes y favoreciendo indirectamente a las compañías no europeas, que no están sujetas a las mismas condiciones”.
Como ejemplos paradigmáticos, VOX señala la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad: “Se estima que ambas directivas perjudicarán a más de 1.000 compañías solamente en España, las cuales tendrán que destinar más de un millón de euros al año para cumplir con las exigencias burocráticas derivadas de las mismas”.
Esta situación, explica VOX, parece haber producido un efecto en el seno de la burocracia europea, que ha comenzado a modificar directivas a través el paquete de simplificación “Omnibus I”. Sin embargo, resulta insuficiente: “Resulta imperativo que España trabaje y presione en el seno de las instituciones europeas con el fin de poner freno a la desmesurada producción normativa comunitaria”.
Por ello, se insta al Gobierno a:
1. Poner fin al aumento desmesurado de la actividad legislativa comunitaria e impulsar en su lugar un amplio y efectivo proceso de simplificación normativa a escala europea que vaya más allá de los paquetes de simplificación “ómnibus”.
2. Sistematizar y reforzar la realización de evaluaciones de impacto con el fin de evaluar las repercusiones de las nuevas iniciativas comunitarias y contribuir de esta manera a la reducción de la carga administrativa que pesa sobre las empresas europeas.
3. Derogar de manera inmediata tanto la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se modifican el Reglamento (UE) 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas.