El portavoz de VOX en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Juan José Aizcorbe, ha criticado la «evidente falta de unidad de criterio» por parte del Tribunal de Cuentas a la hora de fiscalizar las cuentas de los partidos en relación a las elecciones autonómicas de 2023. Esa falta de unidad de criterio -ha denunciado- se agrava por la «variedad de normativas que los tribunales de cuentas -también los autonómicos- han de aplicar a los mismos hechos». Así lo ha expresado durante la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
Estas diferencias, ha explicado Aizcorbe, se aprecian tanto en los requisitos para causar derecho a la subvención como en el cálculo del importe. Así, Aizcorbe ha recordado que todos los partidos recibieron una instrucción del Tribunal de Cuentas sobre las contabilidades electorales y ha calificado dicha instrucción como «ambigua en general y poco clara sobre la distribución de gastos por envíos electorales en concurrencia de elecciones».
De este modo, Aizcorbe ha asegurado que el Tribunal de Cuentas «cierra el expediente de las autonómicas y discute el reparto en las locales» y un año después del informe «impugnando el reparto con la imposibilidad de redistribución del gasto en las propias elecciones autonómicas». Para Aizcorbe, «ha habido algo que no ha funcionado, y más allá de la operativa en la que nos debemos mover para no convertir lo político en una burbuja, deberíamos animar a abaratar alcanzando economías de escala, simplificar, facilitar la operativa de los partidos para los que ya es difícil moverse a veces en las inconcreciones e indefiniciones que, sin duda, el legislador tiene culpa de la LOREG y la ley de financiación de los partidos políticos, es que además, en ocasiones, el Tribunal de Cuentas y excepcionalmente con su ambigüedad, retraso y algún cambio de criterio, lo hace todavía más dificultoso». Luego, ha añadido: «Entendemos que el caos normativo no facilita su trabajo, pero hay cosas que no dependen sólo del caos normativo».
El portavoz adjunto en dicha comisión, Pablo Sáez, se ha referido al Informe de fiscalización del Programa 456D «Actuación en la costa», ejercicio 2019, en el que se hace referencia al cambio climático sin mencionar estudio alguno. «¿Tiene el tribunal expertos que han llegado a esta conclusión?».
El segundo informe analizado ha sido la Nota de actualización de la fiscalización sobre actuaciones de defensa contra la desertificación y de prevención y extinción de incendios forestales. Sáez ha asegurado que dicho informe se «olvida las causas principales de la desertificación y, por tanto, de los incendios forestales, como son la despoblación y envejecimientos de las áreas rurales, el abandono de usos tradicionales, en especial, del pastoreo, y en tercer lugar la tendencia a desaparecer o reducirse el uso forestal como productor de materias primas». El tercer informe analizado ha sido el de los planes de actuación de ámbito local por incendios forestales en los municipios en Extremadura durante 2022.
El último bloque tratado en la comisión tiene que ver con el Informe de fiscalización de las medidas implantadas por las Fundaciones del Sector Público para dar cumplimiento a la normativa sobre igualdad en el ejercicio 2018. «Compartimos el principio que menciona que a igualdad de trabajo, igualdad de salario. No parece ser el caso de los partidos del Gobierno que votaron la semana pasada en contra de la PNL sobre equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos. También compartimos que las fundaciones apliquen sistemas de valoración de puestos de trabajo para la determinación de la retribución de su personal», que en opinión del diputado de VOX se debería extender a todas las administraciones públicas. 869 asesores con Pedro Sánchez, un número muy inferior a anteriores presidentes.
Por último, Pablo Sáez se ha referido al Informe de fiscalización de las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, 2018-2022. «En VOX creemos que para luchar contra la violencia es fundamental una buena educación que pueda formar a las personas con más conciencia y responsabilidad» y ha añadido que «hay que proteger a todas las posibles víctimas de violencia» y ha exigido adoptar «las medidas necesarias» contra los violadores excarcelados por culpa de la ley del ‘sólo sí es sí’ y ha exigido la derogación inmediata de esa ley sustituyéndola por una que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente.