El portavoz de VOX en la Comisión sobre Seguridad Vial, José Alcaraz, ha explicado que no hay justificación alguna en la modificación que el Gobierno lleva a cabo en la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. «El Gobierno es experto en la mentira, pero no lo es menos en la propaganda como la que pretende vender con esta modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor».
Ustedes nos decepcionan como siempre, nunca responden a una demanda social para mejorar, no pierden oportunidad de perjudicar de forma colateral al resto de ciudadanos bajo el pretexto de ofrecer más protección. De hecho, la estadística de accidentes va en aumento. En la toma de consideración de esta proposición de Ley, desde VOX consideramos que lo oportuno era mejorar la atención en los procesos judiciales a las víctimas de accidentes de tráfico, lo vimos como una oportunidad para recoger sus demandas, pero de una forma justa y adaptada a la realidad. Pensar que ustedes pueden hacer algo justo y responder a las necesidades reales es algo en lo que ya no creen millones de españoles que en su día les votaron«.
Para Alcaraz, con esta proposición de ley el Gobierno «rebaja la pena al delito por imprudencia, dándole el carácter de leve sin justificación alguna. En la exposición de motivos simplemente se limitan a aclarar que su consecuencia es que el abogado y el procurador no sean preceptivo, lo que supone en definitiva una reducción de las garantías del acusado».
En segundo lugar, Alcaraz ha criticado que con esta reforma el Gobierno elimine que sean los jueces los que puedan determinar si la conducta es penalmente relevante teniendo en consideración las circunstancias concretas que ha dado lugar a ese accidente. «Esto supone una anticipación excesiva de la intervención penal, puesto que no se permite al juez valorar si verdaderamente el caso en concreto de la imprudencia merece una respuesta penal o queda limitada a la jurisdicción civil».
De esta forma -ha explicado- «se puede dar lugar a que todos los supuestos de imprudencia en la conducción sean equiparables, todos penalmente reprochables. Pero proponen que en un caso en el que durante la actuación imprudente hayan podido influir diversos factores ajenos totalmente a la conducción sea igual de reprochable que un caso en el que la imprudencia haya intervenido exclusivamente el conductor». Por ello ha exigido al Ejecutivo a «dar más medios y apoyo a la administración de justicia, no despreciar a las instituciones ni legislar en perjuicio de las garantías procesales de todos los españoles. Dejen de modificar leyes, todo lo que tocan ustedes lo empeoran».