El Grupo Parlamentario VOX lleva al pleno de la próxima semana una proposición no de ley relativa al establecimiento del principio de prioridad nacional en las prestaciones públicas.
VOX lamenta la política migratoria que durante años ha promovido el bipartidismo y que está provocando “una invasión inmigratoria sin precedentes que está alterando la realidad social, demográfica y cultural de España”.
El partido relaciona la llegada de millones de extranjeros a España como “el factor determinante del deterioro de la seguridad ciudadana y de la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia”. Además, VOX subraya que esta inmigración masiva está produciendo un deterioro sin precedentes en la sostenibilidad de los servicios públicos: “Nuestro modelo de Estado del bienestar, construido por generaciones enteras de españoles que han trabajado de forma incansable para dejar un futuro mejor a las generaciones venideras, está siendo tensionado y se encuentra al borde de la quiebra”.
El GP VOX pone el foco en la regularización masiva de inmigrantes ilegales y la atención sanitaria universal como dos medidas que socavan la calidad de los servicios públicos que reciben los españoles y que tienen un “innegable propósito electoral a medio plazo”: “Ambas normas, las cuales no han sido debatidas ni votadas en las Cortes Generales, buscan premiar a quienes vulneraron las leyes españolas para acceder a nuestro territorio o para permanecer en él, proporcionando millones de votos a los partidos de izquierda especialmente implicados en el fomento de la inmigración masiva” .Es por esto que VOX reclama la aplicación del principio de prioridad nacional con el objetivo de destinar prioritariamente los recursos limitados a las necesidades de los españoles: “Cualquier extranjero que pretenda entrar en España sabrá que no gozará de una situación más favorable que los españoles a través del acceso casi automático a una serie de ayudas y prestaciones sociales que, en la práctica, son inaccesibles para los nacionales. Mientras los españoles vivan en la situación de precariedad material en la que viven hoy, resulta imposible ayudar a nadie más”.
La prioridad nacional, sostiene la iniciativa, “busca afirmar un criterio de justicia retributiva vinculado al deber primario de todo gobierno: atender antes a quienes sostienen y conforman la propia comunidad nacional. Si cualquier ciudadano del mundo es potencial beneficiario de la solidaridad colectiva de los españoles, incluso por encima de los propios españoles, el resultado es que no estamos ayudando a los nuestros, a los de casa”.
Por todo ello, se insta al Gobierno a:
Promover que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas esté inspirado en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio a través de:
• El establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio.
• La vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema.
• La exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación ilegal, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital.
Establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema incluirá:
• La exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en España (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler).
• El refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio. El objetivo es garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida, permitir el retorno de miles de españoles forzados a emigrar por falta de oportunidades y evitar situaciones de excesiva rotación del parque de vivienda. A estos efectos, se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en España, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la nación.
• La valoración positiva, a su vez, a efectos de criterios de baremación, de todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional, unidades de convivencia en situación de hacinamiento, etc.
• La exclusión de aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años. Lo mismo sucederá cuando se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública.
• La eliminación de criterios que favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos.
Promover la derogación o modificación de toda normativa que dificulte la consecución efectiva de la prioridad nacional en los términos descritos en los puntos anteriores, incluyendo la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.