El Grupo Parlamentario VOX defenderá en el pleno de la próxima semana una moción consecuencia de interpelación urgente al ministro del Interior sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para revertir la situación de inseguridad ocasionada por la invasión en Ceuta.
La formación sostiene que “desde que se produjo la invasión de Ceuta el pasado 30 de julio de 2026, la seguridad en la ciudad no ha dejado de deteriorarse” y que lo sucedido “no fue una simple crisis migratoria, sino un acto de guerra híbrida orquestado por Marruecos, cuyos propios gendarmes condujeron a los asaltantes hasta los puntos de la frontera española”. El texto recuerda que “en torno a 100.000 personas entraron ilegalmente en una ciudad de apenas 84.000 habitantes, cifra que el propio Gobierno ha sido incapaz de precisar con exactitud a día de hoy”.
VOX denuncia que el Ejecutivo “conocía, por datos del propio ministerio del Interior, que las entradas por mar a Ceuta se venían incrementando de forma notable antes del 30 de julio, sin que se adoptara medida preventiva alguna”, y que esa “omisión sistemática del deber de salvaguardar nuestras fronteras” ha generado “caos, inseguridad y miedo”.
La moción recoge los indicadores del “deterioro absoluto de la seguridad ciudadana en el último mes y medio” en forma de acoso y delitos: la Policía Nacional en Ceuta “ha llegado a recibir en torno a 200 denuncias de delitos al día, diez veces más que antes del asalto masivo”; los juzgados de la ciudad “han recibido ya 53 denuncias por agresiones y resistencia de los invasores frente a policías, guardias civiles y militares, de las cuales 29 corresponden a atentado contra agente de la autoridad”; y “las agresiones sexuales registradas han pasado de 17 a 23 solamente en la primera semana desde la entrada en vigor del Real Decreto 681/2026”.
VOX reconoce y apoya la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas desplegadas en Ceuta, “en unas condiciones extraordinariamente difíciles, de las que el Gobierno es responsable absoluto y directo”, y advierte de que “todo cuanto pueda ocurrir en Ceuta a partir de ahora, ya sea un grave estallido social o una nueva invasión, será responsabilidad del Gobierno y, en particular, de su presidente y del ministro del Interior”.
Finalmente, la formación afirma que “la sumisión del Gobierno a Marruecos constituye una conducta de traición a España que habrá de dirimirse tanto en las urnas como ante los Tribunales, motivo por el cual es imprescindible la activación del artículo 102 de la Constitución Española”.
Por todo ello, la moción propone que el Congreso de los Diputados:
1. Declara que el Gobierno de España es el culpable de las consecuencias directamente derivadas de su decisión de permitir su permanencia en territorio nacional, incluidos los crímenes que, de forma acreditada, se perpetren contra la seguridad ciudadana, tales como agresiones sexuales, homicidios, robos u otros delitos graves, los efectos perjudiciales para la economía de los ceutíes como los cierres de locales comerciales, y los costes extraordinarios que dicha decisión genere para las arcas públicas.
2. Reconoce la encomiable labor que están llevando a cabo en defensa de España los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas desplegados en Ceuta, que desarrollan su trabajo en condiciones de extraordinaria dificultad y precariedad, achacables a la desidia y al desprecio con que el Gobierno trata a estos servidores públicos.
3. Reafirma solemnemente la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África.
4. Rechaza cualquier pretensión del Reino de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o cualquiera de las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África y declara que su soberanía no es susceptible de negociación bilateral ni puede constituir objeto de ningún proceso de diálogo sobre su eventual transferencia a Marruecos ni subterfugios y fraudes como modelos de soberanía compartida.
5. Condena formalmente las declaraciones de miembros del Gobierno del Reino de Marruecos cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y calificando territorios de plena soberanía española como territorios ocupados.
Asimismo, se exige al Congreso a que inste al Gobierno de España a:
1. Efectuar la devolución inmediata a territorio marroquí de todos los individuos que invadieron la ciudad española de Ceuta los días 30 de julio y sucesivos.
2. Reforzar permanentemente en Ceuta y Melilla a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dotándolos de los efectivos y de todos los medios materiales, tecnológicos y jurídicos necesarios para impedir cualquier nuevo acto de agresión.
3. Reconocer la condición de agentes de la autoridad a los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en Ceuta con motivo de la referida invasión de los días 30 de julio y siguientes.
4. Dotar a las Fuerzas Armadas y a las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de reglas de enfrentamiento claras y acordes a Derecho, que aseguren el éxito de la función encomendada de garantizar la defensa y seguridad de nuestras fronteras, incluida la marítima con la Armada Española, impidiendo la entrada de inmigrantes ilegales.
5. Denunciar ante los organismos internacionales la agresión de extraordinaria gravedad contra la soberanía nacional y la integridad territorial de España perpetrada por Marruecos en la ciudad de Ceuta.
6. Desplegar a las Fuerzas Armadas y a las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializadas, junto a medios materiales suficientes, en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla, incluida la Armada Española en la línea fronteriza marítima, con el objeto de impedir y repeler cualquier nuevo intento de violación de éstas y, en todo caso, de garantizar la soberanía y la integridad territorial de España.
7. Exigir formalmente al Reino de Marruecos, mediante la correspondiente comunicación diplomática, una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto de la soberanía e integridad territorial de España y, específicamente, de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África.
8. Adoptar las medidas necesarias para suspender de inmediato la aplicación del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos, de 4 de julio de 1991 de no producirse una inmediata, expresa y verificable rectificación de las actuaciones hostiles, de las reivindicaciones territoriales o de cualquier otro ataque contra la soberanía, la seguridad o los intereses nacionales de España.
9. Promover ante la Unión Europea la suspensión o revisión del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación con Marruecos, de 26 de febrero de 1996 y los restantes acuerdos, fondos, ayudas y preferencias de que disfrute Marruecos mientras no respete plenamente la soberanía y las fronteras españolas y no acepte las devoluciones acordadas por las autoridades españolas.