Pepa Millán

VOX defenderá en el pleno una moción en la que denuncia la ocupación de las principales instituciones del Estado por personas afines al Gobierno

• Exige la convocatoria inmediata de elecciones generales puesto que el Gobierno de Sánchez se encuentra en el epicentro de un entramado corrupto. • Insta al Gobierno destituir de forma inmediata a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado por la causa abierta que tiene en el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el desempeño de su cargo.

El Grupo Parlamentario VOX defenderá en pleno una moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el prestigio de las instituciones.

La formación denuncia en el texto registrado el “entramado corrupto alrededor de las principales instituciones del Estadodurante el mandato de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo: “Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que se han conocido en este mes respaldan las sospechas de que dichos casos de corrupción se extienden a varios ministerios, a ciertos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, principalmente, al PSOE”.

VOX asegura que las disculpas de Sánchez “son una forma de adornar su contumaz negativa a sumir responsabilidades”. Así, el partido recoge las palabras del actual presidente del Gobierno durante la moción de censura de 2018 por la que llegó al poder: “La corrupción destruye la fe en las instituciones, y más aún en la política, cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad”. Sin embargo, Sánchez se ha limitado a pedir disculpas cuando “los informes de la UCO demuestran que Pedro Sánchez fue conocedor en todo momento de la entrada en territorio nacional de Delcy Rodríguez”.

Además, las tramas de corrupción se ciernen sobre Sánchez y tocan a su entorno familiar: “Su propia esposa, Begoña Gómez, está siendo investigada por la supuesta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias”. No obstante, explica VOX, la situación no sería tan preocupante si nuestras instituciones estuvieran en un buen estado: “El Gobierno es responsable de un deterioro social e institucional sin precedentes”.

Así, VOX también señala a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por su desempeño en el cargo: “El último hito de su deplorable trayectoria a la cabeza del Ministerio Fiscal ha sido pasar a la historia por ser el primer fiscal general del Estado que es imputado judicialmente en el ejercicio de su función”. Además, VOX critica que “lejos de cumplir con profesionalidad e imparcialidad las altas funciones que le confía la ley, ha colocado a la Fiscalía General del Estado en una situación de patente subordinación a los intereses partidistas del Gobierno”.

La formación recoge también la sobrerrepresentación de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenece García Ortiz, en la cúpula de la carrera fiscal: “En la junta de fiscales de sala sólo está presente un 0,9% de los fiscales independientes; un 1,47% de los miembros de la Asociación de fiscales; y nada menos que un 6,8% de los miembros de la UPF”.

Todo ello se ve enmarcado en “una espiral de innegable degradación institucional que proporciona el contexto ideal para la comisión de los más graves actos de corrupción económica y política que se recuerdan”. Tras ello, VOX nombra los indultos a los líderes separatistas, la modificación del delito de malversación, las tramas corruptas del Gobierno y la amnistía. La columna vertebral del Gobierno, continúa VOX, “está formada por un programa conjunto del PSOE y sus secuaces comunistas y separatistas, un programa cuyos caracteres fundamentales son el extremismo, el sectarismo y unas intensas pulsiones que son disolventes y totalitarias”.

Además, VOX también denuncia el reciente decreto del Gobierno para ejercer un control total sobre RTVE, que se encuentra en un proceso para convertirse en “un medio masivo de propaganda de este nuevo frente popular”. Finalmente, el partido también apunta al manoseo de la justicia con la complacencia, cuando no pacto, del Partido Popular: “El reparto de los integrantes del actual CGPJ constituyó otro vergonzoso intercambio bipartidista de favores”.

Por ello, se exige al Congreso a que inste al Gobierno a:

  1. Poner fin a la intolerable situación actual de deterioro institucional, por medio de la convocatoria de elecciones a Cortes Generales, que deberá realizarse por el jefe del Ejecutivo.
  2. Abandonar su inaceptable actitud de promover la ocupación de las principales instituciones del Estado por personas afines a los partidos que lo soportan en esta Cámara.
  3. Promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de que los doce vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos mediante voto personal, igual, directo y secreto por y entre los propios jueces y magistrados; y de imponer la observancia exclusiva del criterio reglado de la antigüedad en la carrera con arreglo a su escalafón para la provisión de plazas en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los Tribunales de Justicia.
  4. Impulsar la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el sentido de convertir en vinculante la audiencia preceptiva del CGPJ prevista en la Constitución para el nombramiento del fiscal general del Estado.
  5. Destituir de forma inmediata, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado por la causa abierta que tiene en el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el desempeño de su cargo.
  6. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia del fiscal general del Estado.
  7. Derogar el Real Decreto-ley 5/2024, de 22 de octubre, por el que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación RTVE, por suponer el control político, y por lo tanto arbitrario, de la radiotelevisión pública en España que debe de prestar servicios desde la neutralidad.