El Grupo Parlamentario VOX defenderá en el pleno de la próxima semana una moción consecuencia de interpelación urgente sobre cuál es la política del Gobierno para garantizar la seguridad de las mujeres en nuestras calles.
En el texto, la formación alerta del incremento alarmante de los delitos sexuales: “Las denominadas violaciones en grupo se han disparado un 64% en los últimos cinco años. Asimismo, entre el 2017 y el 2024 las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 277%”.
En esta línea, VOX denuncia una relación entre inmigración e inseguridad que reflejan los informes del Ministerio del Interior: “Entre los detenidos por delitos contra la libertad sexual, en la franja de 18 a 30 años, el porcentaje de extranjeros asciende hasta el 46,1%”. Pese a todo ello, señala el partido, el Gobierno manifiesta una “dejación de funciones” ya que el Ejecutivo sólo expulsa a menos del 6% de los inmigrantes que llegan ilegalmente a España.
A estas cifras cabe añadir que, a fecha de 18 de septiembre de 2025, el 40,7% de los presuntos autores de asesinatos de mujeres son extranjeros, pero las políticas del Gobierno continúan provocando una “invasión migratoria en toda regla”.
Así, VOX reclama medidas para “proteger a la población española, y en especial a las mujeres, al objeto de que puedan sentirse seguras en su propio país”. Por ello, se insta al Gobierno a:
- Repatriar a todos los inmigrantes que se encuentran de forma ilegal en nuestro país.
- Deportar a todos los inmigrantes legales o ilegales que cometan delitos o pretendan imponer el islamismo.
- Ejecutar, con la máxima diligencia e inmediatez, todas las órdenes judiciales y administrativas de expulsión de extranjeros que residen en nuestro país.
- Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore con la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la inmigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.
- Suprimir el Ministerio de Igualdad y elaborar una auditoría por la que se fiscalice el gasto público de la Administración General del Estado destinado a políticas contra la violencia de “género”, desde el año 2005 hasta el año 2025, con el objetivo de que dichos fondos se destinen a la verdadera atención de las víctimas.
- Dotar al Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para garantizar la efectiva protección de las mujeres.
- Perseguir con absoluta contundencia la práctica de costumbres que, importadas a nuestro país como consecuencia de la inmigración ilegal, sean contrarias a la dignidad de las mujeres y las niñas, como la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos o el uso e imposición de uso de prendas como el burka o el nicab.