El Grupo Parlamentario VOX ha interpelado esta semana en el Congreso de los Diputados a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes por la decisión del Gobierno de continuar financiando la asignatura de religión islámica en centros públicos, así como por su colaboración con la Comisión Islámica de España, una entidad cuyos líderes han sido investigados por vínculos con el terrorismo yihadista.
El diputado de VOX por Murcia, Joaquín Robles, ha recordado durante su intervención que la Constitución de 1978 garantiza la libertad religiosa, pero también establece como límite el respeto al orden público y al marco jurídico vigente. Robles ha subrayado que muchas prácticas vinculadas a algunas interpretaciones del islam —como la poligamia, los matrimonios forzados o la discriminación de mujeres y homosexuales— son abiertamente incompatibles con el ordenamiento jurídico español y los valores democráticos occidentales.
Robles ha señalado que la asignatura de religión islámica, implantada gracias al acuerdo entre el Estado y la Comisión Islámica de España en 1992, se ha nutrido de contenidos elaborados por una federación sin legitimidad doctrinal reconocida dentro del propio islam. Esta comisión —ha recordado— ha excluido a grupos como los Ahmadíes, conocidos por su mensaje pacífico, y ha estado dirigida por personas procesadas por colaborar con el terrorismo internacional.
El diputado ha advertido de que el islam no constituye una doctrina homogénea, sino que alberga profundas divisiones y corrientes radicales que, bajo el amparo institucional, pueden estar accediendo a las aulas con discursos peligrosamente incompatibles con los principios de igualdad, libertad y respeto. Ha denunciado también el silencio cómplice del Gobierno y de la izquierda en general ante prácticas religiosas contrarias a los derechos humanos, mientras sí critican abiertamente otras expresiones culturales como la tauromaquia.
Asimismo, Robles ha preguntado al Gobierno qué mecanismos de control tiene previstos para evitar que las aulas se conviertan en plataformas de difusión de dogmas radicales y ha puesto en duda la capacidad del Ministerio para filtrar adecuadamente al profesorado que imparte estas enseñanzas, muchas veces sin una autoridad clara dentro del islam.
“¿Cómo va a impedir el Gobierno que estas clases incluyan contenidos que choquen frontalmente con los valores constitucionales?”, ha inquirido Robles, al tiempo que ha denunciado la posibilidad de que se transmitan enseñanzas justificando la violencia de género, el odio a los homosexuales o el supremacismo religioso.
VOX ha advertido que la introducción de esta asignatura, en connivencia con una institución cuestionada, se enmarca en un proceso de islamización de Europa que diversos líderes musulmanes no han ocultado en sus declaraciones públicas. “Es inadmisible que un Estado serio y soberano financie y blanquee organizaciones que promueven valores contrarios a nuestra civilización y que, en lugar de integrarse, buscan imponer sus propias normas”, ha afirmado Robles.
Desde VOX se ha reiterado que la política educativa debe estar al servicio de la unidad nacional, la libertad y el respeto al marco legal, y han instado al Gobierno a derogar los acuerdos con entidades islámicas opacas y a garantizar una educación libre de dogmatismos incompatibles con los derechos humanos.
Durante la segunda intervención, Joaquín Robles ha replicado con contundencia a la ministra Alegría, denunciando lo que considera una «grave irresponsabilidad» del Gobierno al impulsar la implantación de la religión islámica en las aulas. Ha rechazado tajantemente las acusaciones de racismo, recordando que «el islam no es una raza», y ha señalado que su formación no ataca a personas, sino a prácticas que considera incompatibles con los valores democráticos occidentales, como la poligamia, el matrimonio infantil o la falta de igualdad entre hombres y mujeres. «¿Usted no odia estas prácticas?», preguntó al Ejecutivo, exigiendo una respuesta clara sobre cómo se va a evitar que en esas clases de religión islámica se difundan mensajes radicalizados o contrarios al ordenamiento jurídico español.
El diputado ha subrayado que varios presidentes de la Comisión Islámica han sido procesados por delitos relacionados con el terrorismo, y ha cuestionado el silencio del Gobierno ante estas evidencias. Asimismo, ha exigido explicaciones sobre cómo se garantizará que no se promuevan enseñanzas que normalicen la sharía o costumbres ajenas a los principios constitucionales. «¿Van a fiscalizar estos contenidos con una Inspección Educativa que ni siquiera actúa ante los incumplimientos en Cataluña?», ha denunciado Robles López, añadiendo que el término «reconquista» al que alude su partido alude a la recuperación del sentido común y los valores tradicionales, y no a ninguna narrativa xenófoba. Ha acusado al Gobierno de actuar por intereses electoralistas, apelando al voto de la inmigración musulmana, y ha recordado que los 52 países islámicos no han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presentando en su lugar una declaración alternativa «basada en la sharía», lo cual, ha afirmado, «es incompatible con el sistema democrático español».