El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley para prevenir la violencia que los padres ejercen contra sus hijos, para su discusión en la comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de género.
En ella, VOX señala que “aunque toda violencia es una lacra social que ha de ser condenada con rotundidad y prevenida con eficacia”, su iniciativa se centra en una de esas violencias muy concreta: la que infligen algunos padres (masculino genérico) a sus hijos en su etapa más vulnerable -la que transcurre entre la gestación y sus primeros años de vida-.
VOX señala que la protección de los niños que esta iniciativa promueve es una cuestión urgente”, dado el actual contexto político, jurídico y social en España, “donde no solo se menoscaba la dignidad del no nacido”, como evidencia la actual ley del aborto, sino además “se ataca constantemente la inocencia de los menores, encontrándose dicho ataque auspiciado, incluso, por aquellos poderes públicos sobre los que pesa el mandato legal de defenderla”.
La iniciativa alerta de que el maltrato infantil está experimentando “un incremento alarmante”. Pese a que los informes oficiales se fundamentan únicamente en los casos que las Comunidades Autónomas notifican a través del Registro Unificado de casos de sospecha de Maltrato Infantil (RUMI), dando lugar a un listado que no contiene todos los casos realmente acontecidos, las cifras referentes a 2021 son escalofriantes: “Continúa la tendencia al alza en el número total de notificaciones. Si en el año 2020 se registra un incremento del 2,1% respecto al año 2019, en el 2021 respecto al 2020 ha habido un notable incremento del 37,18%, pasando de 15.688 notificaciones a 21.521”.
De esta forma, la iniciativa explica que el maltrato infantil “comporta un daño particularmente grave para la integridad física y psicológica de los menores y les provoca secuelas que pueden afectar a su conducta y a su desarrollo emocional, cognitivo y social. En cuanto a los efectos emocionales, el maltrato puede “perturbar el proceso de formación de los vínculos de apego e interferir en la capacidad del niño de regular sus emociones. Así, el menor puede acabar desarrollando un apego inseguro”.
Asimismo, el maltrato infantil puede ocasionar un daño permanente en la estructura neuronal y en el funcionamiento de un cerebro todavía en desarrollo, condicionando en cierto modo la personalidad del niño. “Los efectos conductuales varían en función del tipo de violencia. Los menores que padecen violencia física suelen ser más agresivos con sus compañeros, responder con ira y violencia ante estímulos positivos y negativos, ser menos populares, sufrir rechazo por parte de compañeros y tener más tendencia a relacionarse con otros menores violentos”.
Si toda violencia contra un neonato o un niño es grave por la extrema vulnerabilidad de la víctima y por las graves consecuencias que le provoca, “merecen mayor reproche jurídico y social aquellas conductas de maltrato infantil que acontecen en el ámbito donde se debería garantizar, por excelencia, la indemnidad de los menores: el hogar”.
La iniciativa también se refiere a la autoría del maltrato. Mientras que en los casos de maltrato infantil la autoría es más o menos igual entre padres y madres (siendo un poco superior la de los primeros), “en los supuestos de neonaticidios y filicidios son las madres las que, con grandísima diferencia, encabezan las cifras de autoría”.
Estos datos -explica VOX- nos llevan a concluir, una vez más, que la óptica de la “violencia de género” auspiciada por este y otros gobiernos es errada. “No solo porque se fundamenta en una premisa falsa (la presunción de que la causa de la violencia es el sexo de víctima y victimario); también porque, al centrarse en la protección de la mujer –y, en la de los menores, solo en tanto en cuanto sea consecuencia de la violencia “de género” del varón contra la madre de los niños–, implica una desatención hacia otras conductas violentas, particularmente de aquellas que suceden en el seno del hogar, como el maltrato infantil”.
Solo para aquellos casos en que la violencia aflora en el ámbito doméstico –concretamente, los de violencia de los padres contra sus hijos–, VOX insta al Gobierno a que, a la hora de acometer medidas de protección contra esta y cualquier otra clase de violencia, lo haga abordando en profundidad dicha realidad, considerando sus causas y sus consecuencias, y desde el respeto al principio constitucional de igualdad.
Por todo ello, el GP VOX propone:
- Promover la derogación de la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección Integral contra la Violencia de Género.
- Promover en su lugar la aprobación de una ley de protección integral de la familia, que reconozca y ampare la trascendencia de la familia y el papel esencial que desempeña como núcleo vertebrador de nuestro ser social y como medio natural de desarrollo y crecimiento de la persona. Esta norma incluirá medidas de protección fiscal, económica, social y en el ámbito de la violencia doméstica.
- Promover la concienciación social sobre las graves consecuencias de las conductas violentas ocurridas en el seno de la familia.
- Elaborar estudios sobre cualquier tipo de violencia que se produzca dentro de la familia, incluyendo, de manera pormenorizada, las conductas que constituyen maltrato infantil, y visibilizar los resultados que se obtengan para que la violencia doméstica pueda ser adecuadamente prevenida y perseguida.
Asimismo, el GP VOX ha registrado una proposición no de ley relativa al acceso al servicio de atención a las víctimas de violencia doméstica a todas las personas, para su discusión en la comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de género.
VOX recuerda que el 15 de diciembre de 2006 se aprobó la puesta en funcionamiento de un teléfono para la atención de víctimas de violencia sobre la mujer, dentro de un “catálogo de medidas urgentes contra la violencia de género”. La gestión de dicho teléfono “016” corresponde actualmente al Ministerio de Igualdad, cuya última adjudicación publicada del servicio (9 de diciembre de 2021) refleja un importe total de licitación (sin impuestos) de 1.570.247,93 euros.
Los servicios de atención se dirigen, por un lado, a las posibles mujeres víctimas de la llamada “violencia de género”, pero desde la firma del nuevo contrato para la prestación del servicio “016”, también se dirigen a las posibles mujeres víctimas de “violencia doméstica, violencia sexual, acoso, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, aborto y esterilización forzosos o acoso sexual”.
Sin embargo, estos servicios de atención, al dejar a los hombres fuera de su alcance, pueden conducir a una vulneración del principio de igualdad y el derecho a la vida y a la integridad física y moral, reconocidos respectivamente en los artículos 14 y 15 de la Constitución Española. Además, VOX denuncia que “las normas internacionales que respaldan las políticas de igualdad promovidas por el Gobierno de España cuentan con un ámbito de aplicación que comprende la violencia doméstica en general (la padecida por hombres y mujeres) sin que pueda circunscribirse este último únicamente a las mujeres”. En definitiva, VOX exige al Gobierno la ampliación de la atención a todas las personas que padezcan violencia doméstica, independientemente de su sexo.