El diputado de VOX por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, ha intervenido en comisión de Interior del Congreso tras la comparecencia del ministro del Interior para denunciar “la mentira reiterada, el oscurantismo y las graves sospechas” que rodean la imposición obligatoria de la baliza V-16 a los conductores españoles.
Durante su intervención, Gil Lázaro ha acusado al ministro de faltar a la verdad al citar una proposición no de ley de VOX debatida en la Comisión de Seguridad Vial. Según ha explicado, aquella iniciativa “limitaba estrictamente el uso de este dispositivo a operarios de auxilio en carretera y mantenimiento”, y “en ningún caso proponía extender su obligatoriedad a los vehículos particulares”.
El diputado ha reprochado al ministro su “memoria selectiva” y ha recordado lo que ha calificado como “hito repugnante” de la presente legislatura: que “por primera vez en la historia democrática de España el director adjunto operativo de la Policía sea un presunto agresor sexual”. Gil Lázaro ha reiterado que el ministro debería haber dimitido “por una mínima decencia política”, al tratarse de un alto cargo nombrado y respaldado personalmente por él.
Asimismo, ha denunciado que el Ministerio del Interior “se ha convertido en el ministerio de los escándalos”, enumerando, entre otros, el caso de las mascarillas, el caso Pérez de los Cobos y “el intento de utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para controlar el estado de opinión en redes sociales durante la pandemia”.
España, único país de la UE con la baliza obligatoria
Entrando en el fondo del asunto, Gil Lázaro ha subrayado que España es el único país de la Unión Europea que ha impuesto la obligatoriedad de la baliza V-16 a todos los conductores. “Si realmente fuese el sistema idóneo, su implantación habría sido generalizada en toda la Unión Europea”, ha señalado.
El diputado ha denunciado además que el Gobierno no notificó adecuadamente esta exigencia técnica a la Comisión Europea, lo que podría vulnerar la Directiva 2015/1535 y constituir una restricción del comercio en el mercado interior. En este sentido, ha advertido de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentaciones técnicas no notificadas, lo que podría afectar a la legalidad de las sanciones impuestas a los conductores.
VOX alerta también de que esta “chapuza legislativa” podría acarrear una multa millonaria a España, cuyo coste “terminarían pagando todos los españoles”.
Sospechas de pelotazo y mercado cautivo de 1.400 millones
Gil Lázaro ha denunciado que la imposición de la V-16 abre un mercado cautivo de aproximadamente 35 millones de vehículos matriculados, lo que supone un volumen económico estimado en torno a 1.400 millones de euros, con cerca de 300 millones en ingresos vía IVA.
“Es legítimo preguntarse si estamos ante un nuevo pelotazo a costa de los españoles”, ha afirmado, enumerando una serie de circunstancias que, a juicio de VOX, resultan “cuanto menos sospechosas”:
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La vinculación de empresas beneficiadas con ayudas públicas a entornos próximos al Partido Socialista.
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La homologación de dispositivos por laboratorios vinculados a administraciones socialistas.
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La adjudicación de contratos a empresas extranjeras sin sede en España o con estructuras opacas.
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La proliferación de dispositivos cuyas comunicaciones son gestionadas por empresas extranjeras no sometidas al marco normativo nacional o europeo.
El diputado ha cuestionado también que no esté plenamente garantizada la idoneidad técnica del dispositivo y ha recordado que VOX solicitó en julio del pasado año los informes técnicos que avalan su eficacia, “informes que a día de hoy siguen sin remitirse”.
Exigencia de revocación inmediata
VOX ha reiterado su exigencia de que se suspenda de inmediato la obligatoriedad de la baliza V-16 hasta que se aclaren todas las sombras que rodean su imposición y se garantice su plena adecuación al derecho europeo.
“La reducción de la siniestralidad vial es un bien de interés general”, ha señalado Gil Lázaro, “pero lo que no es admisible es imponer a los españoles un gasto obligatorio sin transparencia, sin garantías técnicas suficientes y bajo la sospecha de beneficiar a unos pocos”.
El diputado ha concluido exigiendo nuevamente la dimisión del ministro del Interior y la revocación de la obligatoriedad de la V-16 “antes de que la Comisión Europea ponga a España frente a un grave problema jurídico y económico por culpa de la incompetencia y la opacidad de este Gobierno”.
Ya en el turno de réplica, el diputado de VOX por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, se ha reafirmado en todos los argumentos expuestos sobre la imposición de la baliza V-16 y elevó la exigencia de responsabilidades políticas al ministro del Interior. Gil Lázaro subrayó que el propio ministro reconoció que no hubo un cese inmediato del director adjunto operativo, sino una renuncia previa advertencia de destitución, desmintiendo así sus declaraciones públicas anteriores. “Le protegió privándole del cese fulminante y ejemplar que correspondía a la gravedad de los hechos y después faltó a la verdad ante los españoles”, denunció el diputado, insistiendo en que la dimisión es ahora “más obligada que nunca”.
Asimismo, el portavoz del GP VOX en la comisión de Interior ha denunciado el “doble rasero inaceptable” aplicado dentro de la Policía Nacional, recordando que a cualquier agente se le suspende cautelarmente de empleo y sueldo cuando se le abre una investigación interna, mientras que en este caso el mando implicado no fue suspendido y fue recolocado en un puesto destacado. Gil Lázaro advirtió además del riesgo de revictimización tras las palabras del ministro cuestionando por qué la víctima no denunció de inmediato. “Hacemos nuestra la voz indignada de millones de españoles y de la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que visten con ejemplaridad el uniforme de la Policía Nacional y que no merecen mandos de semejante calaña”, concluyó, reiterando la exigencia de dimisión inmediata.