El diputado de VOX por Huelva, Tomás Fernández Ríos, ha intervenido hoy en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo para denunciar la «deriva» de las políticas alimentarias del Gobierno, que están alejando a los ciudadanos de la dieta mediterránea debido, principalmente, a la pérdida de poder adquisitivo.
Durante su intervención, Fernández Ríos ha vinculado directamente la malnutrición y la obesidad infantil con la situación económica de las familias. «España es el país que más poder adquisitivo ha perdido de Europa. Es imposible mantener un modelo equilibrado cuando un cuarto de la población infantil está en riesgo de malnutrición porque sus padres no pueden pagar carne o pescado», ha lamentado el diputado, subrayando que casi el 15 % de los hogares españoles sufren inseguridad alimentaria.
Para VOX, el fracaso del Gobierno es evidente tras siete años de gestión: «El 40 % de los niños entre 6 y 9 años tienen problemas de obesidad. Frente a esto, el Gobierno solo ofrece reales decretos para los colegios que no cambian una realidad preocupante».
Además, Fernández Ríos ha señalado que España encabeza las alertas sanitarias de la Unión Europea por productos procedentes de Marruecos, concentrando el 70 % de las notificaciones.
«Se han detectado residuos de pesticidas en el 63 % de las hortalizas investigadas y en el 28 % de las frutas», ha afirmado el diputado, quien también ha denunciado el fraude en el reetiquetado de productos hortícolas que genera una «competencia desleal» y un riesgo para la salud. En este sentido, ha cuestionado por qué organismos de control como el SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de Exportaciones) hayan perdido funciones de inspección, reduciendo la frecuencia de controles a productos orientales de Marruecos a un «exiguo 2 %».
Fernández Ríos ha reiterado la oposición de VOX al sistema Nutri-Score, calificándolo de herramienta que «genera confusión y penaliza productos básicos de nuestra dieta» siguiendo «designios impuestos por la Unión Europea».
Finalmente, el diputado ha exigido un cambio en el encaje institucional de la AESAN. «Es un sinsentido que una agencia de seguridad alimentaria dependa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en lugar de estar integrada en Salud Pública (Sanidad). Esta fragmentación solo genera duplicidades y gasto público innecesario que debería estar en el bolsillo de los españoles para que puedan comprar alimentos de calidad», ha concluido.
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