En línea con las acciones contra la amnistía anunciadas por su presidente, Santiago Abascal, el Grupo Parlamentario VOX ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso para que no se admita a trámite la ley de amnistía por ser “a todas luces inconstitucional”.
La iniciativa recuerda que el acuerdo entre PSOE y ERC incluye el registro inminente de una proposición de ley sobre la amnistía a los responsables de los “gravísimos delitos” cometidos en Cataluña en 2017.
Al igual que el informe de los letrados del Congreso -en la pasada legislatura sobre un proyecto de ley de amnistía- VOX denuncia el ataque a los artículos de la Constitución Española 62 i) y 117.
En este sentido, explica que atenta “directamente contra la función exclusiva del Poder Judicial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”; por ir contra el principio de separación de poderes y la noción misma de Estado de Derecho y por ser “una clara agresión” al principio de igualdad de los españoles.
Además, el 6 de noviembre de 2023, el Consejo General del Poder Judicial aprobó una declaración institucional en la que expresa que “una ley de amnistía es contraria al Estado de Derecho pues lo convierte en objeto de mercadeo al servicio del interés personal del presidente del Gobierno, crea una clase política impune e irresponsable, se ataca la independencia de los Tribunales y acaba con el marco de convivencia de los españoles”, explica el GP VOX.
Igualmente, la formación de Santiago Abascal recoge que España se encuentra ante “un ataque sin precedentes a la convivencia y a la paz social” y que si la Mesa del Congreso no combate la proposición de ley podría ser “constitutivo de ilícito penal”.
Por todo ello, VOX exige:
- Que la Mesa incorpore al expediente que se forme sobre la proyectada proposición de ley sobre amnistía el informe de los letrados de la Cámara;
- Que sea inadmitida a trámite en términos absolutos la proposición de ley de amnistía;
- Que se acuerde por la Mesa la solicitud de informes al Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, para el correcto desempeño de los derechos de los diputados y senadores amparado por el artículo 23 de la Constitución Española por tratarse de materia que afecta a derechos fundamentales.