El Grupo Parlamentario VOX defenderá la próxima semana en el pleno del Congreso de los Diputados una moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de la Justicia en España.
La formación denuncia que la Justicia española sufre desde hace décadas una profunda crisis «motivada de una parte por la politización de sus órganos de gobierno, y de otra por una serie de problemas estructurales debidos en buena medida a los desaciertos, cuando no a la irresponsabilidad del legislador». VOX recuerda que el diseño constitucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quedó desnaturalizado con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, impulsada durante la primera mayoría absoluta del PSOE, que trasladó a las Cortes la elección de la totalidad de los vocales del Consejo. Esta alteración del espíritu constitucional «abrió la puerta a la colonización partidista del órgano de gobierno de la Justicia».
VOX subraya además que el PP pactó en junio de 2024 con el Gobierno en Bruselas una «vergonzosa negociación» para renovar el CGPJ que, supuestamente, debía ir acompañada de una reforma legislativa para terminar con la intervención política en la designación de sus miembros. Sin embargo, casi dos años después, el ministro Bolaños, en la sesión del pleno del pasado 20 de mayo, «se reafirmaba con prepotencia en la adhesión al sistema de cuotas partidistas».
La formación denuncia también la creciente instrumentalización del Ministerio Fiscal: «Álvaro García Ortiz ha sido el primer fiscal general del Estado designado pese a haber sido considerado no idóneo por el informe no vinculante del CGPJ, y sobre todo el primero en ser condenado penalmente por la justicia». VOX critica el «descarado sectarismo» con el que efectuó nombramientos dentro de la Carrera Fiscal, otorgando a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales, que él mismo había presidido, «una sobrerrepresentación verdaderamente exorbitante en los nombramientos discrecionales y en la composición de la Junta de Fiscales de Sala».
A esto se suman tres iniciativas legislativas especialmente graves: la conocida como «Ley Bolaños», que contiene «numerosas previsiones que atentan de forma directa contra la independencia del Poder Judicial y que comprometen gravemente la profesionalidad de los jueces, magistrados y fiscales»; el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que pretende encomendar la instrucción de los procesos penales al Ministerio Fiscal y restringir la acción popular, algo especialmente rechazable, según VOX, «en la actual coyuntura política marcada por un Gobierno cuyo presidente y varios ministros tienen un entorno político sujeto a graves sospechas de corrupción»; y la proposición socialista para reformar las causas de abstención y recusación de jueces y magistrados «para debilitar aún más su independencia».
A los problemas de politización se suman los estructurales. España continúa muy por debajo de la media europea, con «apenas 11 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 17 de media en la Unión Europea». Una situación agravada por las políticas de fronteras abiertas, el efecto llamada y multiculturalismo. La Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, lejos de solucionar el colapso, señala VOX, «ha acabado convirtiéndose en una mera reorganización burocrática sin eficacia real, incapaz de resolver los problemas estructurales de la Administración de Justicia».
Por todo ello, se insta al Gobierno a:
1. Abandonar su inaceptable actitud de hostilidad contra la independencia judicial.
2. Promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce vocales de origen judicial del CGPJ sean elegidos mediante voto personal, igual, directo y secreto por y entre los propios jueces y magistrados.
3. Retirar inmediatamente el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal y el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y, en general, abstenerse de formular cualquier propuesta legislativa que pueda comprometer en lo más mínimo la neutralidad, la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal y de cada uno de sus miembros.
4. Cesar en la promoción de iniciativas de reforma legislativa para modificar las causas de abstención y recusación de jueces y magistrados.
5. Dotar a la Administración de Justicia de todos los medios personales, materiales y tecnológicos necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones.
6. Impulsar una modificación legislativa para restringir los supuestos en que los medios adecuados de solución de controversias son requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil, valorando su supresión en procesos de familia con menores, juicios monitorios o procesos de desahucio, o incluso su supresión total.