El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley en defensa de la libertad de expresión para su discusión en la Comisión Constitucional. En el texto, la formación insta al Gobierno a defender de manera efectiva la libertad de expresión y a cesar cualquier intento de imponer una verdad oficial. La iniciativa denuncia “el proyecto totalitario de la izquierda”, que pretende “eliminar el derecho a discrepar” mediante legislación ideológica, burocracia partidista y mecanismos de censura encubierta.
VOX advierte que la libertad de expresión se encuentra gravemente amenazada tanto por el Gobierno de Sánchez como por la deriva ideológica de las instituciones europeas: “El discurso de odio se ha convertido en la coartada para perseguir ideas, criminalizar la disidencia y amordazar a los ciudadanos”. En este sentido, VOX reclama la derogación del artículo 510 del Código Penal, que regula los denominados delitos de odio, por considerar que se ha convertido en “un instrumento de represión política” contra quienes no se pliegan al discurso dominante.
Asimismo, VOX señala que “la cultura de la cancelación, la persecución institucional a medios críticos y la imposición de un pensamiento único” son incompatibles con el pluralismo democrático. Por ello, exige el respeto al anonimato en redes sociales, la protección de la libertad de información y la defensa de la libertad de cátedra, hoy amenazada por la imposición ideológica en universidades y centros públicos.
El partido señala que el Ejecutivo pretende crear registros oficiales de medios de comunicación, establecer criterios para distinguir la “información veraz”, sancionar contenidos a través de la CNMC y consolidar un sistema de censura digital coordinado con la Unión Europea. “Es intolerable que se pretenda entregar a burócratas ideologizados la facultad de decidir qué opiniones pueden expresarse”, afirma.
La formación ha reclamado una respuesta firme frente a este ataque a las libertades fundamentales y ha asegura que la libertad de expresión “no es negociable” ni puede quedar subordinada a “la ingeniería social del Gobierno y sus aliados separatistas y comunistas”.
Por todo ello, exige:
1. Garantizar y respetar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, y opiniones mediante cualquier técnica de reproducción, de manera que nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones.
2. Promover, a todos los niveles, nacional, europeo e internacional, el fin de la “cultura de la cancelación”, en especial la ejercida por las élites que promueven la Agenda 2030 contra aquellos que se manifiestan en contra de la ideología woke dominante.
3. Asegurar y respetar la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los docentes.
4. Salvaguardar y respetar la libertad de información, o el derecho a transmitir y recibir libremente información veraz.
5. Garantizar y respetar una comunicación pública libre, instrumento indispensable para la participación política, sin la cual no hay sociedad libre, ni por tanto soberanía nacional.
6. Renunciar a cualquier tipo de censura previa, intervención represiva de publicaciones, grabaciones y cualquier otro medio de información, especialmente, a través de la limitación de la libertad de empresa.
7. Renunciar a cualquier tipo de intromisión e intervención ilegítima en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales.
8. Respetar el anonimato en las redes sociales cuando se utilice para ejercer la libertad de expresión de manera legítima y sin sobrepasar los límites establecidos por la Constitución y por el Código Penal.
9. Impulsar la completa modificación del artículo 510 del Código Penal, de tal modo que deje de contener un tipo delictivo atentatorio contra la libertad de expresión y con clara inspiración ideológica, para pasar a castigar la inducción o apología de conductas propiamente dirigidas a la comisión de actos criminales.