En Madrid, a 22 de noviembre de 2023 –
El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley para solicitar la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las pensiones contributivas para su debate en el pleno.
En el texto registrado, el GP VOX recuerda que el sistema público de pensiones está garantizado en el artículo 41 de la Constitución Española: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. Este sistema, además, está nutrido por las aportaciones que realizan todos los trabajadores en todo el territorio nacional.
Entre los principios que definen este sistema de pensiones se encuentra el de suficiencia. Este implica, según recoge la iniciativa, que la cuantía de las pensiones debe ser suficiente para garantizar una serie de necesidades protegidas.
No obstante, pese a que los principios del sistema fiscal dicen organizarse en torno a “la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad”, la realidad indica que los españoles son cada vez más pobres mientras que la recaudación por impuestos no deja de subir.
Tal es así que el Gobierno de Pedro Sánchez “se ha caracterizado por una auténtica voracidad recaudatoria manifestada en la subida de impuestos y en la creación de nuevas figuras tributarias”. Del mismo modo, expone datos que respaldan lo relatado: el IRPF alcanzará un incremento de la recaudación del 30,2% desde el año 2019, la caída de la renta bruta per cápita disponible de los hogares es del 1,8% y la pérdida de poder adquisitivo se cifra en el 7%, según Eurostat.
Así, mientras el Gobierno publicita el aumento de las pensiones, esconde que ese mismo 8,5% de subida en 2023 ha quedado neutralizado con el alza tributaria. Hoy son más de 10 millones de pensiones contributivas las que el Estado reconoce y 6 millones de ellas son de jubilación. De todas ellas, sólo las prestaciones de incapacidad absoluta y permanente, así como la de orfandad no tributan en el IRPF como renta del trabajo.
No resulta una sorpresa que el IRPF devengado de las pensiones alcanzara en 2022 los 14.940 millones de euros, un 31,6% más de lo devengado en 2019 y que la retención media pasase del 7,8% al 9%.
Por todo ello, el GP VOX afirma que aunque las cotizaciones a la Seguridad Social durante la vida activa tienen la consideración de gasto deducible, la pensión de jubilación no se homologa con las rentas de trabajo, ya que la prestación es un derecho al que se ha contribuido con el pago de cuotas por parte de trabajadores y empleadores.
En definitiva, la proposición no de ley de señala que “es indudable que durante décadas se ha producido una mala gestión del sistema público de pensiones”, ya que “se ha dedicado buena parte del gasto público a cuestiones ideológicas que no redundan en beneficio de los españoles; por no hablar de las múltiples duplicidades existentes en las distintas administraciones regionales tales como las instituciones del Defensor del Pueblo, los tribunales de cuentas y los cuerpos policiales de ámbito regional, entre otros”.
Por todo lo expuesto, el GP VOX insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para garantizar la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en las pensiones contributivas.