El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley a la publicación detallada de los gastos protocolarios y representativos de los departamentos ministeriales y sus titulares, para su discusión en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
La formación recoge en su iniciativa el marco legislativo actual que “tiene por finalidad fijar el régimen jurídico aplicable a aquellos representantes públicos que ejercen un alto cargo en la Administración General del Estado y en las entidades del sector público estatal”. Así, el GP VOX recuerda que la Ley 3/2015 asegura: “El crédito presupuestario de los gastos de representación y atenciones protocolarias sólo podrá utilizarse para sufragar actos de esta naturaleza en el desempeño de las funciones del alto cargo”.
Además, la Ley19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen Gobierno “tiene por objeto facilitar herramientas a la ciudadanía para fiscalizar la gestión de la cosa pública por parte de los responsables públicos: ‘Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica’”.
Todo ello se justifica, explica el GP VOX, desde la perspectiva del derecho que tienen los ciudadanos al acceso a la información pública así como la necesaria publicidad activa de las entidades públicas para que el acceso a esta información no requiera una solicitud concreta: “Habrán de hacerse públicos todos los datos sobre información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística, conforme a los criterios que la propia ley enuncia”.
En el texto registrado, VOX señala un ejemplo concreto de ineficacia de estos protocolos en el que tuvo que intervenir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por la negativa del Ministerio de Hacienda de detallar los gastos de la ministra: “Este ejemplo pone de manifiesto que es necesario mejorar la transparencia de las instituciones públicas en los términos en que, por ley, están obligadas, pues de ello depende que los españoles puedan también conocer de forma sencilla los gastos realizados por los gestores públicos en nuestros Estado de Derecho”.
“En conclusión, es necesario actuar en materia de publicidad activa, así como promover aquellas prácticas que permitan un mejor escrutinio del destino del erario que, a la postre, redundaría positivamente en pro de la credibilidad de las instituciones”, añade.
Por todo ello, se insta al Congreso a que exija al Gobierno a:
- Cumplir con las obligaciones de publicidad activa comprendidas en el Capítulo II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno sin que sea necesario un pronunciamiento por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o judicial.
- Publicar, de manera sencilla y accesible, la relación detallada de todos los gastos protocolarios y representativos derivados del desempeño de las funciones que, como titulares de los departamentos ministeriales, ejercen los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. Dicha información habrá de ser publicada en el Portal de Transparencia, así como en las páginas web del respectivo ministerio, en atención a los principios de accesibilidad e interoperabilidad contemplados en el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.