El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a facilitar la toma de posesión del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.
El pasado 28 de julio se celebraron elecciones en Venezuela. Previamente, María Corina Machado fue inhabilitada para ejercer cargos públicos con el objetivo de que no se presentase a los citados comicios. Además, el régimen de Nicolás Maduro ha perpetrado múltiples secuestros y detenciones de miembros de la oposición democrática.
Finalmente, y a pesar del clima de terror instaurado por el régimen de Nicolás Maduro, el pueblo venezolano votó en masa y apoyó mayoritariamente a Edmundo González Urrutia, convirtiéndolo en el presidente electo y legítimo de Venezuela.
En el texto registrado se explica que, tras conocerse el resultado de las elecciones venezolanas, países como Estados Unidos, Italia o Argentina ya han reconocido la victoria electoral de la oposición democrática y, por ende, han reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.
“Alianzas internacionales como Foro Madrid firmaron una declaración en la que se cataloga como «fraude masivo» los resultados electorales del 28 de julio. Esta organización, que reúne a centenares de cargos públicos y parlamentarios de numerosos países iberoamericanos y europeos, destacó que el fraude ha sido una «práctica habitual» del régimen dictatorial venezolano”, recuerda la PNL.
Además, el pasado 19 de septiembre el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación en Venezuela. El texto aprobado reconoce explícitamente a Edmundo González Urrutia como “presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela”, y pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros “que hagan todo lo posible para garantizar que el presidente legítimo y democráticamente elegido pueda asumir sus funciones el 10 de enero de 2025”.
Pese a la acción de la comunidad internacional, el Gobierno español mantiene una postura ambigua. Así, si bien por un lado ofrece asilo político al presidente electo venezolano, el Ejecutivo español también propuso el levantamiento de las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea.
Los diputados firmantes de la iniciativa señalan que “está siendo especialmente reprochable el papel fundamental de blanqueamiento internacional del fraude que ha realizado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien además ha impulsado proactivamente la agenda del régimen bolivariano por todo el mundo”.
Otras pruebas de la connivencia del Gobierno español con el régimen socialista de Venezuela son la negativa del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a calificar dicho régimen como una dictadura y que los diputados del PSOE y Sumar votaron en contra del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela el pasado 11 de septiembre en el pleno del Congreso de los Diputados.
Por todo ello, VOX exige al Gobierno que tome de manera inmediata las siguientes medidas:
-Mostrar su apoyo inequívoco al pueblo venezolano, que expresó su clara voluntad en las urnas el 28 de julio de 2024, y exigir al régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros que cese la represión.
–Facilitar, por todos los medios posibles, la toma de posesión de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero de 2025 y liderar la posición internacional para que esta toma de posesión sea posible en dicha fecha.
–Condenar la actuación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por apoyar un régimen que viola los derechos humanos de sus ciudadanos y comete crímenes de lesa humanidad, retirándole todos los fondos públicos y ayudas que recibe en su actuación internacional.
-Promover el cese del reconocimiento del representante de Venezuela designado por el régimen de Nicolás Maduro por parte de las instituciones europeas.
-Promover y liderar, en el marco de la Unión Europea y de otros organismos internacionales pertinentes, la ampliación temporal y subjetiva de las medidas restrictivas existentes (congelación de activos, prohibición de viajes y limitaciones económicas), adoptadas por el Reglamento del Consejo 2017/2063, de 13 de noviembre de 2017, a todos los miembros de la dirección del régimen y a los funcionarios que colaboren en la represión de la oposición ganadora de las elecciones acaecidas el pasado 28 de julio de 2024.