En Madrid, a 2 de enero de 2023– El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley para exigir al Gobierno de Bolivia el cese de la represión violenta de la sociedad civil del Departamento de Santa Cruz, después de que el 28 de diciembre el gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fuera detenido mediante una actuación policial irregular y en unas condiciones que atentan de forma flagrante contra los derechos de los nacionales de Bolivia, y contra el principio de separación de poderes.
La detención de Camacho confirma el deterioro democrático en la actuación de las instituciones bolivianas, así como la preocupante deriva totalitaria de un Gobierno que no duda en utilizar la fuerza de manera ilegítima para reprimir a su pueblo o secuestrar a disidentes políticos.
En este sentido, Bolivia es el segundo país de la región que más erosión democrática ha presentado en el periodo 2015-2020, según un informe elaborado en 2021 por el International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
Hay que recordar que los ataques contra la legalidad comenzaron con el fraude electoral de 2019, que provocó la renuncia del presidente Evo Morales. Tras su dimisión, la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, miembro de la oposición, tomó posesión del cargo en un proceso amparado por el Tribunal Constitucional Plurinacional bolivariano, con el compromiso de convocar elecciones generales.
Pese a su labor desarrollada en la presidencia para la protección del sistema democrático del país, Áñez fue detenida y condenada en un proceso judicial irregular. Desde el comienzo del proceso de persecución a la oposición política, culminado en la detención y condena de Yeanine Áñez, las actuaciones totalitarias no han dejado de sucederse una vez instalado Luis Arce en la presidencia de Bolivia.
Por ello, y tras el secuestro de Luis Fernando Camacho, el GP VOX vuele a exigir al Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía nacional, que rechace “la violencia y la persecución política que sistemáticamente lleva a cabo el Gobierno de Bolivia contra sus adversarios”.
Asimismo, el GP VOX exige al Gobierno de España que exprese “su solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia y conmine al Gobierno de este país a cumplir con los deberes de protección de sus nacionales y respeto de las reglas democráticas, abandonando la utilización de los mecanismos coactivos del Estado para cercenar injustificadamente los derechos de los bolivianos”.
En su iniciativa, el GP VOX también pide al Gobierno español que asuma, en consonancia con el papel histórico de España y con los especiales vínculos que nos unen con las naciones hermanas de Hispanoamérica, la condición de vanguardia en la defensa de los derechos de todos los bolivianos en el concierto internacional. En particular, el presidente del Gobierno español -a quien corresponde constitucionalmente la dirección política exterior- debe ejercer con toda decisión este liderazgo mundial de España en la protección de los derechos de la oposición boliviana.