El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley relativa a la erradicación de los matrimonios forzados para su discusión en la comisión de Juventud e Infancia.
La formación expresa en la iniciativa su preocupación por la práctica del matrimonio forzado, acto que se encuentra tipificado en los artículos 172 bis y 177 bis del Código Penal. Además, VOX alerta de que existen 640 millones de niñas y mujeres vivas en todo el mundo que se casaron en la infancia, lo que supone 12 millones de niñas al año.
Esta práctica, explica el GP VOX, “es un fenómeno que se da con fuerza en el África subsahariana, donde el 20 % de las niñas se han casado durante su infancia, y en África occidental y central, donde casi 4 de cada 10 mujeres jóvenes se casaron antes de los 18 años”. El partido recoge un estudio de la Revista Española de Investigación Criminológica en el que se señala que las víctimas de matrimonios forzados identificadas por la investigación “proceden del Magreb (42.9%), África Subsahariana (25%) y Asia Central (8.9%), aunque el 7.1%, eran gitanas”. Asimismo, el estudio revela que un tercio de los matrimonios forzados se celebraron o tenían previsto celebrarse en España.
Pese a que la mayoría de la población española cree que estas prácticas se encuentran desterradas del territorio nacional, señala el partido, “los datos nos dicen que en España hay importantes comunidades que proceden de países en donde los matrimonios forzados se llevan a cabo. En Cataluña los matrimonios forzados crecieron un 60% de 2021 a 2022 y un 20% de 2022 a 2023. Por su parte, el 28% de la población catalana es de origen extranjero”.
Dada esta situación, VOX también ha registrado una solicitud de datos en la que pide conocer el número de extranjeros que han sido condenados desde 2018 por la comisión de delitos relacionados con los matrimonios forzados, así como su nacionalidad y situación de residencia legal o ilegal en España durante la comisión del delito.
Es por todo ello que el GP VOX exige al Congreso a que inste al Gobierno a:
- Crear un Protocolo nacional que involucre a todos los operadores del ámbito de la Justicia, la Seguridad pública, la Sanidad y la Educación, y que tenga como fin la erradicación del matrimonio forzado que tiene lugar en nuestro país y del que tiene como víctimas a mujeres españolas fuera del territorio nacional.
- Crear un plan de información y prevención para detectar y proceder al cierre o a la investigación, según proceda, de las organizaciones, asociaciones y centros socioculturales islámicos que aceptan y promueven la práctica de matrimonios forzad
- Eliminar las subvenciones públicas a las organizaciones, asociaciones y centros socioculturales respecto de las cuales exista sospecha de que no colaboran con la prevención de matrimonios forzados plasmada en el Protocolo nacional antedicho.
- Garantizar el asesoramiento y la ayuda legal y psicológica a las víctimas de matrimonio forzado, incluyendo la ayuda para tramitar la nulidad matrimonial si el matrimonio tiene efectos jurídicos en España.
- Llevar a cabo una campaña institucional a fin de que las jóvenes pertenecientes a comunidades donde existe el riesgo de que se les obligue a contraer matrimonio forzado conozcan que en España dicha conducta constituye un delito y que existen centros de asesoramiento y ayuda a los que pueden acudir.
- Impulsar campañas de formación a los educadores y profesores de todos los colegios públicos y concertados, al personal de los centros de salud de Atención Primaria y a los asistentes sociales de los servicios sociales, a fin de que puedan detectar y denunciar cualquier sospecha de matrimonio forzado de mujeres mayores y menores de edad.
- Promover la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el fin de endurecer las penas del delito de matrimonio forzado regulado en los artículos 172 bis y 177 bis y de asegurar la expulsión inmediata del territorio nacional y la prohibición de nueva entrada de los inmigrantes que cometan este delito..