El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una iniciativa para aprobar en el Pleno la ilegalización de Bildu, actual brazo político de ETA, por incurrir de forma grave en algunos de los supuestos contemplados por el artículo 9 de la Ley de Partidos.
En el texto registrado se recuerda que en el año 2002 el Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría el proceso de ilegalización del entramado ETA-Batasuna. Esta acción estaba amparada por el artículo 11 de la Ley de Partidos y obligaba al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para que se adopte por el Tribunal Supremo esta decisión.
Los motivos que, en aquel entonces, se alegaron para ilegalizar al brazo político de ETA fueron, entre otros, los siguientes:
–El mantenimiento en sus órganos de dirección o en su militancia a personas condenadas por delitos de terrorismo o que forman parte de asociaciones vinculadas a la banda terrorista ETA.
-Las declaraciones que realizó el, por aquel entonces, dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, en las que calificó como “suceso” un atentado criminal y predijo la posibilidad de nuevos atentados justificados en la prolongación del “conflicto político que vive Euskal Herria”.
Estos motivos coinciden con los hechos conocidos recientemente en los que se ha desvelado que Bildu lleva en sus listas electorales para el próximo 28 de mayo a 44 miembros condenados de la banda terrorista ETA, 37 por pertenencia y colaboración con banda armada y 7 por delitos de sangre. Además, Bildu no ha condenado el terrorismo de ETA y el dirigente de la entonces Batasuna que responsabilizaba al Gobierno de los asesinatos de ETA, Arnaldo Otegi, hoy es el coordinador general de EH Bildu.
Todo lo anterior concuerda con varios de los artículos de la Ley de Partidos, como el articulo 2 (los promotores de un partido no pueden haber sido condenados por terrorismo); el artículo 5.6 (la inscripción en el registro de un partido que pretenda suceder la actividad de otro declarado ilegal -como es el caso de Batasuna y Bildu-), y el artículo 9 (“un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades”).
Se entiende que se incurre en el artículo 9 cuando se realizan las siguientes conductas:
–Apoyo político expreso o táctico al terrorismo, legitimando las acciones terroristas o minimizando su significado.
-Inclusión en las listas electorales de personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas.
-Promoción, cobertura o participación en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas a quienes cometen o colaboran con las mismas.
–Condenas penales que hayan recaído sobre dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, por delitos tipificados en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal.
Por todo ello, el GP VOX exige que, como ocurrió en 2002, el Congreso de los Diputados inste a la ilegalización de Bildu porque “se trata de un deber moral, de un compromiso en defensa de las miles de víctimas de ETA, a las que EH Bildu desprecia. No hacerlo sería una afrenta imperdonable no solo a las víctimas directas, asesinados o familiares, sino a todos los españoles, víctimas indirectas de la trayectoria criminal de ETA”.
Ruptura de la unidad antiterrorista
En la propuesta de resolución registrada por VOX se recuerda que la llegada al poder de José Luis Rodríguez en 2004 supuso el fin de la unidad contra el terrorismo. Su Gobierno comenzó a negociar con la banda terrorista ETA su regreso a las instituciones democráticas, con el fin de que “los asesinos y colaboradores participasen en la vida política española en las mismas condiciones de legalidad que aquellos a los que habían matado durante décadas”.
“Este proceso de normalización de la participación política de ETA en las instituciones democráticas de España culminó con las vergonzosas sentencias del Tribunal Constitucional 62/2011, de 5 de mayo, y 138/2012, de 20 de junio, que suponen la práctica derogación de facto de la Ley de Partidos”, señala la iniciativa.
Finalmente, se denuncia que, bajo la presidencia en el Tribunal Constitucional de Pascual Sala, fiel cumplidor de las instrucciones de Zapatero, se bendijo definitivamente la estrategia diseñada por el entramado terrorista ETA/Batasuna con el objetivo de que el ilegalizado brazo político de ETA participase de la democracia que la banda terrorista quiso destruir a golpe de asesinatos.