El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley dirigida a garantizar el uso del español, como lengua común de todos, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en regiones españolas.
En ella denuncia que “las fuerzas separatistas se están sirviendo de las leyes regionales para obstaculizar la promoción y desarrollo del español” con consecuencias negativas para la igualdad y la convivencia pacífica entre los españoles. Además, acusa al Gobierno de que durante la Legislatura XIV se centró en “exacerbar el odio de los separatistas hacia España y la división social”.
El artículo 3 de la Constitución Española declara el español como lengua oficial del Estado y establece el deber de todos los españoles de conocerlo y el derecho a utilizarlo. Igualmente, la Constitución recoge que el resto de las lenguas españolas sólo tendrán carácter cooficial en aquellas regiones con particularidades lingüísticas propias.
Así, VOX afirma que “los poderes del Estado deben velar por los intereses de los españoles y garantizar el derecho al uso de la lengua común” y recoge en su iniciativa diversos ejemplos de sentencias dictadas por tribunales que sustentan esta afirmación.
En este sentido, el Tribunal Constitucional indicó en diversas sentencias que “sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen” y que “no existe un deber constitucional de conocimiento de una lengua cooficial”.
Asimismo, en el País Vasco entró en vigor en 2019 un decreto para imponer el uso preferente del vascuence en detrimento del español, explica la formación de Abascal. Ante ello, VOX planteó un recurso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dictó sentencia y anuló aquellos artículos que suponían un agravio contra el español como lengua vehicular entre los españoles.
El TSJPV basó su resolución en diferentes sentencias, entre ellas una del Tribunal Constitucional que explica que “toda lengua oficial es lengua de uso normal por y ante el poder público. También lo es el castellano por y ante las Administraciones públicas catalanas, que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales”.
Sin embargo, el GP VOX denuncia en su proposición que todavía hoy “no se ha llevado a cabo ninguna medida dirigida a hacer cumplir la citada sentencia del TSJPV ni ninguna otra medida análoga para exigir el cumplimiento de la legalidad en el resto de las regiones donde están ocurriendo situaciones similares”.
Por todo ello, la formación de Santiago Abascal exige:
- Cumplir con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en materia lingüística, garantizando el derecho al uso del español en todo el territorio nacional.
- Derogar cualquier normativa nacional o regional que imponga el uso preferente de una lengua cooficial en detrimento del español.
- Promover las actuaciones necesarias para remediar la postergación del español respecto de las lenguas cooficiales en aquellas comunidades en las que esta discriminación ya exista.
- Garantizar el derecho de cualquier nacional o extranjero a utilizar el español y desenvolverse plenamente a través del uso de la lengua española, contando para ello con el apoyo de los poderes públicos.
- Eliminar cualquier tipo de limitación por razón del uso de la lengua española en todas las regiones de España.