El portavoz adjunto de VOX en la comisión Constitucional, Ignacio Gil Lázaro, ha defendido la proposición no de ley de VOX relativa a eliminar el gasto público destinado a actividades y programas que quiebran la unidad de España.
Gil Lázaro ha recordado el mandato constitucional que determina que el gasto público «ha de ejecutarse y planificarse conforme a criterios de eficiencia y economía«. Por ello, «los españoles esperan a que el destino de sus impuestos vaya a financiar políticas socialmente productivas que mejoren los servicios públicos y el bienestar general».
No obstante, la realidad es otra: «Los gobiernos regionales de signo separatista con la connivencia del Gobierno de Sánchez dilapidan enormes cantidades de dinero en atacar la unidad nacional, apropiarse de competencias exclusivas del Estado, impedir el uso y enseñanza de la lengua español en la escuela y adoctrinar a través de los medios públicos de comunicación». Aunque no esto no sucede sólo en comunidades en manos de partidos separatistas ya que Galicia y Baleares también sufren en materia de exclusión lingüística, ha explicado el diputado de VOX.
El Gobierno de Sánchez, ha asegurado Gil Lázaro, «dilapida el dinero de todos los españoles a su antojo y conveniencia con el único fin de mantenerse en el poder. Baste como ejemplo muy reciente la ruptura del principio de igualdad que supone ese espurio cupo catalán pactado con Esquerra».
Frente a esta situación, «VOX siempre ha planteado que el dinero que aportan los españoles se destine a la mejora real de las necesidades de la nación, administrándose con los más altos niveles de exigencia, ética y servicio al ente interés general. Exactamente lo que hoy no sucede ni por parte del Gobierno de Sánchez, ni por parte de los gobiernos regionales de signo separatista».
Por ello, Gil Lázaro ha concluido su defensa de la iniciativa instando a los grupos a apoyar una proposición no de ley con la que se pretende «poner coto a todas esas desviaciones instando al Gobierno a impulsar las modificaciones legales oportunas para proceder al cierre inmediato de las mal llamadas embajadas catalanas en el exterior y la eliminación del todo el gasto público destinado a programas y actividades separatistas que atenten contra la unidad de España. En consecuencia, también promover la asignación de recursos públicos que fomenten la unidad nacional y la convivencia pacífica entre españoles y por último establecer mecanismos de control y transparencia para garantizar la eficiencia del gasto público al servicio del interés general».