El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley dirigida a eliminar el gasto público destinado a actividades y programas que quiebran la unidad de España.
En su iniciativa, VOX recuerda que la Constitución Española establece en su artículo segundo que su fundamento es “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. La unidad nacional es, por tanto, la cúspide de los principios que fundamentan el vigente orden constitucional, carácter esencial que debe proyectarse en el sistema político, económico y social.
El texto constitucional señala también en su artículo 31 que, en lo relativo al gasto público, este habrá de programarse y ejecutarse conforme a los criterios de eficiencia y economía. Es decir, “los poderes públicos habrán de diseñar un modelo de gasto eficiente, que respete lo dispuesto en la Constitución y contribuya no sólo a alcanzar un mayor bienestar social sino también a mantener y promover la cohesión nacional”, recoge VOX.
Sin embargo, mientras los españoles esperan que el dinero con el que contribuyen a las arcas públicas se invierta en mejorar el bienestar y la calidad de vida de las familias, “el Gobierno de la Nación ciertos ejecutivos regionales separatistas destinan los fondos públicos a causas que no sólo no benefician a la población, sino que amenazan directamente la unidad nacional y la igualdad entre todos los españoles”.
De esta manera los partidos separatistas, con el beneplácito del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, han hecho uso de las instituciones y fondos públicos para promover la quiebra de la unidad de España. La proposición de VOX denuncia, en concreto, “la proliferación de las mal llamadas “embajadas” de ciertos ejecutivos regionales fuera de España, las políticas de adoctrinamiento que buscan sacar el español del sistema educativo o el uso fraudulento de los medios de comunicación públicos para hacer propaganda de la causa separatista”.
En el caso de Cataluña existen aproximadamente un centenar de oficinas de representación en el exterior, entre las que destacan 21 de las referidas embajadas desde las que, “bajo el pretexto de contar con representación institucional de la región en otros países, están rompiendo de facto con el principio de unidad de acción en el exterior”, consagrado en el artículo 3 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y Servicio Exterior del Estado.
Sólo en 2023 la Generalidad de Cataluña ha comprometido hasta 27.958.351,63 euros para financiar el Gabinete y Secretaría General de Acción Exterior y Gobierno Abierto de Cataluña (Gabinet i SG d’Acció Exterior i Govern Obert) y hasta 100.089.260,00 euros para la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno (Secretaria d’Acció Exterior del Govern). Estas instituciones no hacen sino servir a una pretendida internacionalización del proceso separatista, haciendo uso del dinero de todos los españoles para actuar en contra de los intereses de estos últimos.
Por otro lado, las administraciones regionales también han destinado fondos públicos a la concesión de subvenciones a entidades impulsoras del separatismo. Por ejemplo, según la organización separatista ‘Plataforma por la lengua’, esta recibió una subvención de 135.000 euros en 2020 por parte de la Generalidad de Cataluña.
Asimismo, otro de los ámbitos en el que se pone de manifiesto la deslealtad de los ejecutivos regionales separatistas hacia el resto de España es el educativo. “En los últimos años se han agravado las políticas de adoctrinamiento en escuelas e institutos catalanes, por las cuales se quiere poner el catalán en un primer lugar, imponiendo su uso y discriminando a aquellos alumnos cuya lengua materna es el español”. Y todo ello -lamenta VOX- ante la inacción del actual Gobierno de España, “que ha permanecido en un silencio cómplice y culpable”.
Por si fuera poco, hay que añadir el ingente gasto público que el Estado destina a unos medios de comunicación públicos regionales, que en determinados casos utilizan sus recursos para adoctrinar y enfrentar a los españoles entre sí. “Cabe denunciar que las administraciones españolas han inyectado a las radio-televisiones autonómicas en el último ejercicio más de 900 millones de euros, siendo la televisión catalana TV3, la más beneficiada, con cifras superiores a los 280 millones de euros”. Ahora bien, según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia la televisión regional que más cuesta a sus habitantes es la televisión vasca EiTB con un coste de 64,8 euros por habitante.
VOX denuncia también que mientras los españoles se esfuerzan para cubrir sus necesidades más básicas y para pagar impuestos que deberían destinarse a beneficiar la comunidad, el Gobierno “dilapida el dinero de todos en acciones que atacan deliberadamente a España y a los españoles”.
Finalmente, en su iniciativa, la formación de Santiago Abascal recuerda que “siempre ha exigido que cada céntimo que aporten los españoles se destine a la mejora real de la Nación y a combatir los problemas de todos”, lo que sólo es posible “con una profunda reforma en la que primen los intereses de los españoles por encima de cualquier condicionante ideológico”.
Por todo ello, el GP VOX exige:
- Impulsar las modificaciones legales oportunas para proceder al cierre inmediato de las mal llamadas “embajadas catalanas” en el exterior.
- Eliminar el gasto público destinado a actividades y programas separatistas que no contribuyen al bien común.
- Promover una asignación de los recursos públicos que fomente la unidad nacional y la convivencia pacífica entre los españoles.
- Establecer mecanismos de control y transparencia para garantizar la eficiencia del gasto público.