El Grupo Parlamentario VOX ha presentado para su debate y votación en el pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para acabar con el fomento de la corrupción de los menores desde las instituciones ante el aumento de casos por todo el territorio nacional.
Todos los grupos del arco parlamentario, excepto VOX, se han adherido de una forma u otra a las consignas globalistas de entidades como la Organización Mundial de la Salud. En el año 2010 se redactó el documento los “Estándares de Educación sexual pata Europa” en el que se incluía las siguientes recomendaciones:
-Los niños de entre 0 y 4 años deben aprender sobre masturbación, esto es, “el goce y el placer cuando tocamos nuestro propio cuerpo”. Los niños entre 4 y 6 años deben aprender sobre masturbación y ser motivados a “expresar sus necesidades y deseos”. Los niños entre 6 y 9 años deberán aprender sobre “relaciones sexuales (con penetración)”, “sexo en los medios de comunicación (incluyendo Internet)” y sobre la “satisfacción y placer cuando tocamos nuestro propio cuerpo (masturbación/autoestimulación)”.
-Los niños entre 9 y 12 años deberán aprender sobre su “primera experiencia sexual”, la “orientación de género”, “diferencias entre la identidad de género y el sexo biológico” y otras cuestiones tales como “el placer, la masturbación y el orgasmo”.
En el texto registrado lo que sucede en las regiones de España regiones en el ámbito educativo, destacando por ejemplo Murcia donde el Partido Popular dio luz verde a “una moción de Podemos junto al PSOE para promover la ideología de género”, iniciativa que tendrá como consecuencia el adoctrinamiento a través de charlas a menores desde la etapa Educación Primaria en cuestiones como “la conciencia de las partes del cuerpo”, “la reproducción”, “la prevención de enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos” o la “igualdad de género” , entre otras.
Los diputados firmantes de la proposición no de ley denuncian que la creciente legislación liberticida ha conseguido que los padres ya no tengan derecho a decidir sobre la educación de sus hijos, lo que ha dado lugar a un control —a través de leyes, protocolos y normativas ideológicas— cuasitotalitario de la educación de los menores por parte de las administraciones central y regional.
“El caso más impactante, que no el único, es el de la imposibilidad de los padres de ejercer la patria potestad ante la capacidad de los colegios de “denunciar ante los servicios sociales a los padres que nieguen a sus hijos un cambio de sexo”, algo que ocurre en “11 de los 13 protocolos escolares autonómicos de atención a los alumnos transexuales” que se encontraban en vigor en 2023”, se relata en el texto registrado.
Por todo ello, el GP VOX exige poner en marcha las siguientes medidas:
-Promover las modificaciones legislativas oportunas para elevar las penas a quienes fomenten o permitan la corrupción de menores en todos los ámbitos.
-Garantizar eficazmente el derecho de los padres a educar a sus hijos y requerir siempre su autorización, previa facilitación de toda la información precisa, sobre el contenido de sesiones, eventos, conferencias, talleres y eventos análogos que transcurren dentro o fuera de los centros docentes en horario escolar y que puedan ser de materias sensibles para un menor de edad por su contenido sexual, así como la persona, empresa o entidad que la imparte. Toda actividad anteriormente descrita estará recogida en el Plan de Centro de los centros educativos, así como el responsable de la gestión de la misma.
-Promover la tipificación de un nuevo delito de corrupción de menores, que tendrá como tipo delictivo cualquiera de las siguientes conductas por sus graves consecuencias en el desarrollo intelectual, afectivo, social y moral de los menores: la inclusión de la ideología de género en las aulas, la introducción de contenidos en los materiales educativos cuando estos no se ajusten a la realidad científica de la asignatura escolar, o la inobservancia del deber de recabar de los padres el consentimiento informado a la hora de impartir a sus hijos menores cualesquiera contenido relacionado con su formación religiosa o moral.
-Promover el fin de los protocolos de actuación educativa que fomenten la pérdida de la inocencia del niño, con base en el interés superior del menor.
-Realizar un estudio exhaustivo sobre la situación de los menores tutelados en los diferentes centros españoles para posteriormente valorar si los servicios sociales de cada región están permitiendo, ocultando o coadyuvando en delitos relacionados con el maltrato infantil y la corrupción de menores. Asimismo, ante el mero indicio de la existencia de una conducta sospechosa de constituir un ilícito penal por parte de los responsables de la administración hacia los menores, se pondrá en inmediato conocimientos de la fiscalía y las autoridades judiciales.