El vocal de VOX en la comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, Pablo Calvo, ha preguntado a la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María Luisa Araújo, por si su vinculación con el PSOE afecta al desempeño de su cargo.
«Usted ha sido consejera de Hacienda y Economía de Castilla-La Mancha con los presidentes socialistas José Bono y José María Barreda y con este último además llegó a vicepresidenta. También ha ocupado varios cargos como la secretaria general de Turespaña, por lo que su vinculación al partido del Gobierno es clara y notoria«.
A continuación el diputado de VOX ha preguntado a Araújo lo siguiente: ¿Esa vinculación no le resta credibilidad e independencia en el ejercicio de su función, toda vez que uno de los requisitos que la doctrina unánimemente exige para la independencia y autonomía de los organismos reguladores y supervisores es precisamente que su nombramiento esté lo más alejado de vinculaciones políticas y que en su elección sea recomendable la intervención del parlamento como un mecanismo de mayorías (3/5)?
El portavoz de VOX en esta comisión, Eduardo Ruiz, «El control político debería ser apartado y debería haber una exquisita independencia» de quienes dirigen las autoridades independientes y organismos reguladores. Así lo ha expresado tras la comparecencia del presidente de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, Jordi Solé Estalella.
La siguiente comparecencia ha sido la del abogado experto en la defensa de los Derechos Humanos y criminólogo, Andrés García Berrio, al que Eduardo Ruiz ha echado en cara que no haga nada por aquellos ciudadanos españoles que, como en Cataluña, ven mermados sus derechos a diario. «No sé cómo pueden hablar de defender los derechos civiles y políticos y al mismo tiempo denuncian la violencia institucional si no consta que hayan presentado acciones para defender a aquellos ciudadanos catalanes que cada día ven vulnerados sus derechos constitucionales de poder estudiar en su lengua materna en el sistema público».