El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley, para su debate en el pleno del Congreso, con el objetivo reprobar y destituir de manera inmediata al fiscal general del Estado por interferir de modo partidista en la investigación del caso PSOE.
En el texto registrado, la formación recuerda los múltiples asaltos del Gobierno a las instituciones para controlarlas y se relata que el Ministerio Fiscal ha sido uno de los escenarios más claros de la pretensión del actual Ejecutivo de someter a su control todas las instituciones, con el propósito de ponerlas a su servicio y de que no cumplan con sus funciones de control.
Asimismo, VOX denuncia Álvaro García Ortiz más que un fiscal del Estado es un “fiscal de partido”, absolutamente ajeno en el ejercicio de sus funciones a los principios de legalidad e imparcialidad a los que constitucionalmente debería ajustarse y explica que su durante estos años -igual que la de su predecesora- ha despejado cualquier duda sobre qué intereses ha estado sirviendo en el ejercicio de su cargo: el interés de quien lo nombró.
Por otra parte, se detalla que García Ortiz fue miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y ostentó su presidencia entre 2013 y 2017, algo que no es baladí porque entre el mandato de los dos últimos fiscales generales del Estado, la señora Delgado y el señor García Ortiz, cuando el número de Fiscales de Sala pertenecientes a la UPF ha aumentado de 4 miembros a 17, de los 39 que pertenecían a la Junta de Fiscales de Sala.
La parcialidad del actual fiscal general del Estado queda fuera de toda duda cuando ha quedado acreditado que en diciembre de 2019 participó en un mitin del PSOE, cuando era fiscal en activo. Este hecho “lo descalifica de forma rotunda para el ejercicio de dicho cargo con la imparcialidad constitucionalmente exigida”, señala la iniciativa.
Los diputados firmantes de la proposición no de ley también denuncian las acciones partidistas de García Ortiz al frente de la fiscalía general del Estado, destacando:
– El trato de favor dispensado a su predecesora, Dolores Delgado que ha quedado demostrado por la sentencia de la sala tercera del Tribuna Supremo dejando claro que “la finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar que doña Dolores Delgado promocionase a la máxima categoría de la Carrera Fiscal”.
-Ante el requerimiento del Senado al Consejo Fiscal para informar sobre la Proposición de Ley Orgánica de la amnistía, alegó en una carta que este órgano no tiene competencias para informar sobre una proposición de ley, quebrantando de este modo sus funciones constitucionales.
-La ‘número dos’ de García Ortiz allanó el camino de la amnistía al oponerse a la mayoría de los fiscales del Supremo y no ver indicios contra Puigdemont para investigarle por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.
– La instrucción dada por el señor García Ortiz al fiscal jefe de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, consistente en detener de manera deliberada la tramitación del caso PSOE por la proximidad de las elecciones del 23 de julio de 2023.
La paralización de estas diligencias hasta septiembre tuvo dos consecuencias trascendentales:
- No presentar la querella en los tribunales impidió a los votantes tener conocimiento de la existencia de esta investigación, afectando directamente al voto de los españoles.
- Pudo permitir que los implicados estuvieran sobre aviso de las investigaciones seguidas por la Unidad Central Operativa (UCO), e incluso pudieran destruir pruebas.
Por todo ello, el GP VOX exige al Gobierno que ponga en marcha las siguientes acciones:
- Acuerda la reprobación del fiscal general, don Álvaro García Ortiz, en atención a los siguientes hechos:
-Por su notoria carencia de la imparcialidad que la Constitución y la ley exigen para el ejercicio de su cargo.
-Por su constante uso partidista del Ministerio Fiscal y su favoritismo hacia sus afines.
-Por sus agresiones intolerables a la separación de poderes y al Estado de Derecho y su desempeño del cargo de modo cómplice con los enemigos de la unidad de España.
-Por su negligente actuación –que ha permitido ataques a la confidencialidad en la asistencia letrada–.
-Por sus posibles injerencias en los resultados de unas elecciones generales con fines claramente ideológicos y partidistas.
-En general, por sus numerosas acciones en perjuicio de la acción de la Justicia, y por el flagrante incumplimiento que todo ello supone de las funciones legalmente atribuidas al fiscal general del Estado.
- Insta al Gobierno a que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, destituya de forma inmediata a don Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo, en particular interfiriendo en una investigación para condicionar los resultados de unas elecciones a Cortes Generales, y siendo responsable de violaciones del secreto profesional que atentan contra el derecho fundamental a la defensa.
- Insta igualmente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia de la persona que lo sustituya.