El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley de impulso de medidas que aseguren la devolución a los legítimos propietarios de las cantidades abonadas en concepto de impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) durante el período de ocupación ilegal de su inmueble.
En los últimos años, la ocupación ilegal de inmuebles se ha convertido en un fenómeno delictivo creciente en España. Las cifras facilitadas por el Gobierno muestran que los hechos relacionados con la ocupación ilegal han pasado de 3.849 casos en el año 2011 a 17.274 en 2021, es decir, un aumento del 450% en diez años.
En su iniciativa, el GP VOX destaca que los incrementos más abruptos se han dado, por un lado, con la llegada de Sánchez al Gobierno en 2018, pasando de 10.619 casos en 2017 a 12.214 en 2018. Y, por otro lado, con las medidas de amparo a la ocupación ilegal adoptadas durante la pandemia, pasando de 14.792 casos en 2020 a 17.274 en 2021.
Los datos facilitados por el Gobierno en 2022 muestran que se produjeron una media aproximada de 50 casos por día. Concretamente, entre enero y junio el número de ocupaciones ilegales ascendió a 8.857 casos.
Sin soluciones, incluso el propio Gobierno reconoce la alarma social que genera la ocupación ilegal, como demuestran los hechos. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que el Gobierno “es consciente de que la ocupación preocupa a nuestra sociedad, y mucho”.
Sin embargo, en los últimos años sólo se han adoptado dos medidas para proteger el derecho a la propiedad privada con escaso éxito en la práctica. En 2010 se tomó una medida para establecer penas de prisión en los casos de ocupación ilegal con violencia o intimidación, cuando hasta el momento sólo acarreaba pena de multa. En 2018 se modificó la conocida “ley de desahucio exprés” con el objetivo de agilizar el proceso por el que el propietario de una vivienda pudiera recuperarla en el caso de que hubiera sido ocupada ilegalmente.
Asimismo, el GP VOX lamenta en su proposición no de ley que no sólo no se han tomado medidas eficaces frente a la ocupación ilegal, sino que en España se están fomentando estas conductas delictivas mediante medidas que provocan, según expertos, un “efecto llamada”. En 2020 se otorgó amparo legal a las ocupaciones ilegales al prorrogar la suspensión de los juicios de desahucio arrendaticio mediante un real decreto-ley. Dos años más tarde, en 2022, la disposición adicional a este mismo decreto tenía por objeto garantizar los suministros de agua y energía a los ocupas.
Como consecuencia, los propietarios no sólo se ven privados del uso y disfrute de sus inmuebles, sino que, además, siguen estando obligados a mantener su propiedad en perfecto estado, continúan obligados a hacerse cargo, entre otros gastos, del IBI y tienen que abonar entre 3.500 y 30.000 euros para adecuar la vivienda a su “estado original” previo a su ocupación ilegal, así como asumir una pérdida de su valor que va entre el 40% y el 60%.
Por todo ello, el grupo parlamentario VOX ha presentado una PNL mediante la que insta al Gobierno a promover cuantas acciones sean necesarias para que las administraciones públicas correspondientes devuelvan a las víctimas de ocupación las cantidades abonadas en concepto de IBI correspondientes al periodo en que hayan sido privadas ilegalmente de la posesión de su inmueble.
En la lucha contra la ocupación ilegal, el grupo parlamentario VOX ya ha propuesto, a lo largo de la presente legislatura, diversas iniciativas entre las que destacan:
- Proposición de Ley Orgánica para agravar las penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las FCSE y ampliar la protección de los propietarios de derechos reales.
- Proposición de Ley Orgánica dirigida a combatir el fenómeno de la ocupación.
- PL para modificar el padrón municipal en los casos de ocupación y de inmigración ilegal.
- PNL para mejorar el sector inmobiliario español.
- PNL para impulsar la creación de un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.