El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para restringir la regularización de inmigrantes ilegales a través del arraigo.
El GP VOX muestra en la iniciativa su preocupación por las dimensiones que ha adquirido el fenómeno de la inmigración ilegal en España. Así, se cifra en 300.000 las personas que han entrado fraudulentamente en España, aunque los datos pueden ser mayores ya que los informes del Ministerio del Interior no incluyen las llegadas ilegales a través de los puestos fronterizos.
Dada esta cifra, la formación asegura que la actual legislación “se ha demostrado insuficiente para disuadir de los efectos adversos que subyacen a la inmigración ilegal. Además, cabe destacar la inobservancia del Poder Ejecutivo en la aplicación del principio de lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas”.
Esta dejadez de funciones se demuestra con el número de expedientes de expulsión ejecutados: “Entre los años 2020 y 2023 apenas se ejecutaron 9.500 órdenes de expulsión de 131.000 expedientes incoados, es decir, el 7,25 por ciento”. Una de las razones que la Fiscalía aporta para explicar este fenómeno es la dificultad de localización del extranjero, por ello, VOX recuerda que “también es necesaria una ampliación del tiempo de internamiento de los inmigrantes que han entrado ilegalmente a nuestro país en los centros de internamiento para extranjeros”.
Asimismo, la formación carga contra el Real Decreto 1155/2024, cuyo objetivo es la regularización masiva de 300.000 inmigrantes ilegales al año durante tres años. Además, explica VOX, con este real decreto “se ha reducido el periodo de permanencia en España a dos años, a excepción del arraigo familiar, que no lo requiere”.
VOX también señala la negativa del Ejecutivo a exigir la acreditación de la inexistencia de antecedentes penales a los extranjeros si han permanecido en España de forma continuada durante los últimos cinco años y la facilidad con la que personas con antecedentes acreditados pueden regularizar su situación: “A tal extremo pretende este Ejecutivo la legalización masiva de inmigrantes, que se dispone que la existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá por sí misma y de forma automática causa de denegación de la autorización”.
Frente al consenso de la gran mayoría parlamentaria, VOX sí relaciona la inmigración ilegal con un aumento de la inseguridad y la delincuencia: “Más del 50% de las condenas por agresiones sexuales fueron cometidas por extranjeros, según los datos más recientes del INE de 2023: 344 de los 676 condenados, de los cuales 160 fueron africanos, cerca de un cuarto del total pese a suponer alrededor de un 2% de la población total”.
“Según los datos publicados por el Gobierno en septiembre de 2023, el 49% de los autores de asesinatos de mujeres en lo que había transcurrido de ese año habían sido extranjeros, lo cual contrasta con el hecho de que los extranjeros sean solamente el 12,63% del total de población residente en España”, añade el texto.
Por todo ello, VOX propone un “endurecimiento generalizado de la legislación vigente en materia de inmigración. En especial para luchar contra las organizaciones criminales que se lucran con el tráfico de seres humanos”. De este modo, define la actual normativa como “muy laxa” y promovedora del efecto llamada.
“Urge una modificación que posibilite la expulsión de nuestra Nación de aquellos inmigrantes que hayan sido condenados con penas de prisión. De esta forma, se pretende robustecer el fin disuasorio de la pena, al objeto de reprimir las conductas dolosas que se están reproduciendo de forma alarmante en nuestro país”, concluye el partido.