VOX exige la revocación inmediata de las Zonas de Bajas Emisiones por considerarlas un «castigo» a las clases medias y trabajadoras

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley para revocar la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles. La iniciativa, presentada para su discusión en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los ODS, denuncia que estas medidas, derivadas de la Agenda 2030, suponen una grave amenaza a la libertad de movimiento y la prosperidad económica.

En su exposición de motivos, VOX señala que la Ley 7/2021 de cambio climático impone restricciones que obligan a los ciudadanos a sustituir sus vehículos por modelos eléctricos o con etiquetas «0» o «ECO», cuyo coste es de media entre 7.000 y 9.000 euros superior a los de gasolina. Según la formación, esto constituye una política que discrimina a los ciudadanos por su nivel de renta.

El partido destaca el impacto negativo en el comercio local, citando datos del Observatorio del Centro Comercial Abierto que reflejan una reducción media de ventas del 25,46% en ciudades como Granada, afectando al 82,2% de los negocios del centro. Asimismo, mencionan la contestación social y las protestas en ciudades como Málaga, Soria, Albacete y Segovia.

VOX recuerda que su formación ha logrado dejar sin efecto las ZBE en ciudades como Zaragoza, Valencia, Alicante o Sevilla al supeditar su apoyo presupuestario a la eliminación de estas zonas. Además, hacen referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró nula la ZBE de la capital por deficiencias técnicas e informes de impacto insuficientes.

Por ello, VOX insta al Gobierno a:
1. Defender, en los foros internacionales en los que participe España, una posición que garantice el derecho a la movilidad y evite que la Agenda 2030 y los ODS se utilicen para promover prácticas que restrinjan los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles.
2. Revocar de manera inmediata la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios españoles, así como promover la derogación de la Ley 772021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, por su impacto negativo en las formas de vida tradicionales de los vecinos de los municipios afectados.