El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley para la supresión de la dirección general de derechos de los animales creada por el Gobierno en el real decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Desde hace décadas la sanidad animal ha sido concebida en España como una de las competencias del Ministerio de Agricultura y, en concreto, de una secretaría general de dicho departamento. Sin embargo, el Gobierno ha llevado a cabo una modificación consistente en desgajar, de manera artificiosa, antibiológica y carente de justificación fáctica y jurídica, la cuestión del bienestar animal (o la protección animal) de la materia más amplia de la sanidad animal, atribuyendo sendas competencias a dos departamentos diferentes de la administración general del Estado.
Este desdoblamiento ficticio ha permitido dotar de competencias un organismo diseñado ex novo que, de otro modo, manifestaría a todas luces su vacuidad y falta de necesidad: la dirección general de derechos de los animales. Y es que tanto la creación de este organismo como el propio decreto aprobado por el Gobierno revelan un lenguaje con el que el Ejecutivo pretende revestir de un cariz antropomórfico el tratamiento de los animales:
-Se elimina la protección o el bienestar animal de entre las competencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para atribuirla, en cambio, a un departamento que se supone debería encarnar la asistencia social del Estado, a saber, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
-El artículo 10 del real decreto habla sin ambages de «la protección de los derechos de los animales». Pero según la doctrina jurídica tradicional en el derecho universal un sujeto de derecho es aquél que también es sujeto de obligaciones, por lo que un animal no cumple esta definición en tanto no es sujeto de obligaciones.
De esta manera, la creación de la dirección general de derechos de los animales obedece a intereses políticos e ideológicos y carece de justificación jurídica que la fundamente, ya que el ordenamiento jurídico español regula la cuestión del bienestar animal en diversas normas y ninguna de ellas habla ni de derechos de los animales ni de bienestar animal desde una perspectiva extrazootécnica, que requiera que un organismo adicional y distinto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se haga cargo de su protección.
Asimismo, la normativa europea se refiere únicamente a que los animales son seres sensibles. Es decir, ni el ordenamiento jurídico español ni el europeo conciben la cuestión del bienestar animal desde el enfoque en que el Gobierno le está queriendo atribuir. Aquellos hablan de protección y bienestar animal desde una perspectiva meramente zootécnica. El Gobierno, en cambio, ha optado por magnificar la cuestión del bienestar animal en clara interpretación extra legem de la normativa citada.
Por todo ello, el GP VOX pide al Congreso que inste al Gobierno a:
- Suprimir la Dirección General de Derechos de los Animales
- Reintegrar las competencias en materia de bienestar animal, que forman parte del concepto más amplio de sanidad animal -tal y como lo han entendido las legislaciones española y europea- al ministerio actualmente denominado de Agricultura, Pesca y Alimentación.