El Grupo Parlamentario VOX ha presentado una proposición no de ley mediante la que insta al Gobierno a que promueva la elaboración de un “estudio de ámbito nacional que lleve a cabo la recopilación, análisis y publicación de datos sobre los recursos económicos destinados a la educación pública y a la educación privada concertada”.
En su iniciativa, VOX recuerda que los centros docentes del sistema educativo español están clasificados según su titularidad jurídica y según el origen y el carácter de sus recursos. Así, los centros privados son de titularidad privada y sostenidos con fondos privados; los centros públicos son de titularidad pública y sostenidos con fondos públicos, y los centros privados concertados son de titularidad privada y financiados mediante un sistema de concierto público.
Estos últimos, es decir, los centros privados concertados, están recogidos en la ley orgánica 2/2006 que establece que “los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta ley y satisfagan necesidades de escolarización (…) podrán acogerse al régimen de conciertos educativos en los términos legalmente establecidos”. Además, son, a juicio de VOX, “fundamentales en el sistema educativo español” porque “alivian la congestión de alumnos que sufren los centros docentes públicos y garantizan el derecho constitucional que asiste a los padres para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos”.
En este sentido, el GP VOX recoge en su propuesta que la última encuesta publicada por el INE muestra que en el curso 2020-2021 las Administraciones Públicas aportaron el 57% de los ingresos corrientes en los centros privados concertados, es decir, una media de 2.632 euros por alumno.
Sin embargo, la iniciativa de VOX denuncia que “no consta que las Administraciones Públicas con competencias en materia educativa hayan llevado a cabo ningún análisis ni estudio de ámbito nacional que compare la inversión media por alumno que realiza la educación pública y la que hace la educación privada concertada”. Por ello, VOX exige que se realice un estudio para conocer si existe “infrafinanciación” en alguna de las modalidades educativas.
Tanto la educación pública como la privada concertada “son elementos esenciales en nuestro sistema educativo”, defiende VOX, por lo que es necesario que se proteja y se promocione la educación privada concertada, pero también que se impulse y se garantice la excelencia de la educación pública, basándose “en datos solventes y exactos que posibiliten análisis objetivos y racionales”.
Por todo ello, VOX exige que se promueva la elaboración de un estudio de ámbito nacional que recopile, analice y publique datos sobre los recursos económicos destinados a la educación pública y a la educación privada concertada.
En este sentido, este estudio deberá, como contenido mínimo, publicar datos sobre la cantidad económica que las administraciones públicas españolas destinan “por alumno a la educación pública y a la educación privada concertada”, diferenciado según regiones y, en su caso, municipios; e impulsar “la recopilación, análisis y publicación de las correspondientes estadísticas sobre los recursos destinados por parte de las administraciones territoriales correspondientes a la educación pública y a la educación privada concertada”.