El Grupo Parlamentario VOX ha presentado para su debate y votación en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana una proposición no de ley relativa a destinar a vivienda social el patrimonio sindical acumulado.
El Patrimonio Sindical Acumulado está formado por “inmuebles cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado” que han sido cedidos gratuitamente a las principales organizaciones sindicales para “satisfacer sus necesidades de funcionamiento y organización”.
En la iniciativa registrada se expone que, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a fecha de 2024 hay un total de 72 edificios del patrimonio sindical acumulado que se encuentran aprobados para enajenación y solamente siete de dichas operaciones están en marcha. Pese al dato anterior, no es público el número total de inmuebles del patrimonio sindical acumulado.
“Lo que se evidencia de los citados proyectos de enajenación es que los poderes públicos se están deshaciendo de una parte de un patrimonio inmobiliario de titularidad pública que bien podría destinarse a paliar la situación de emergencia habitacional en la que se encuentra España”, señalan los diputados firmantes en la iniciativa.
Buena prueba de lo anteriormente mencionado son los siguientes datos:
- El precio de la vivienda ha crecido un 47,7% entre 2015 y 2023, según datos de Eurostat, y el precio de la vivienda en alquiler un 10,2% sólo respecto a octubre de 2023, y en los últimos diez años un 80%, habiendo crecido los salarios apenas un 18%, según datos del INE.
- La edad media de emancipación de los jóvenes españoles fue 30,4 años frente a los 26,3 años de la Unión Europea.
- Los españoles destinaron de media el 43% de su salario bruto al pago de la renta del alquiler en 2023, con lo que la capacidad de ahorro es exigua.
- En 2022, el 45% de las familias en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social vivían de alquiler y en torno al 40% de los hogares españoles se encontraban en situación de sobresfuerzo en relación con el gasto en vivienda en 2022.
- El porcentaje de jóvenes menores de 35 años con vivienda en propiedad ha pasado, en apenas dos décadas, de un 70% a un 35%, y muchos de ellos deberían destinar ya más del 100% de su sueldo al pago de un alquiler.
A todo lo anterior habría que añadirle el reducidísimo parque de vivienda social actualmente existente y la escasez de suelo urbanizable, así como la retirada del mercado de numerosas viviendas para compra y alquiler debido a la puesta en marcha de la ley de vivienda.
Ante esta situación, el GP VOX solicita poner de manera inmediata en marcha las siguientes medidas:
–Revocar, en el plazo más breve posible, la cesión de bienes inmuebles de titularidad estatal en manos de sindicatos y organizaciones empresariales, establecida por la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado.
-Desarrollar un plan de acción que incluya medidas en el corto plazo que den respuesta a la emergencia habitacional, que incluirán, entre otras, la transformación del patrimonio sindical acumulado en manos de sindicatos y organizaciones empresariales en vivienda social.
-Impulsar la rehabilitación de dichos inmuebles que puedan destinarse a vivienda social para los españoles que más lo necesiten.
-Favorecer la colaboración público-privada para la rehabilitación urgente y agilizar su transformación en vivienda social.