El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley para la modificación de la política territorial del Gobierno en orden al respeto y aplicación del ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional para su discusión en la Comisión de Política Territorial.
El constante menoscabo de las autoridades de la Generalidad de Cataluña hacia los principios constitucionales de unidad del territorio nacional ha llevado a la región a un estado de desobediencia perpetuo.
La lealtad institucional de los servidores públicos, recogida en el artículo 103 de la Constitución Española, el artículo 3.1de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, está cuestionada en Cataluña. Más si cabe, desde la celebración de un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 cuando se pretendió romper el orden constitucional con la aquiescencia de las autoridades regionales.
Para la organización de dicho plebiscito ilegal se tuvo que contar con locales municipales cedidos por más de 600 consistorios y la permisibilidad de los mozos de escuadra. Todo ello condujo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, sin embargo, no fue suficiente para eliminar el entramado secesionista catalán asentado en las instituciones.
A este intolerable suceso se le suman otras formas de desobediencia como, por ejemplo, la negativa a aceptar una sentencia que obliga a impartir el 25% de clases en español en los centros educativos catalanes.
Este proceso de “catalanización” en la escuela pública catalana también ha arraigado en los centros universitarios donde hoy se imparten el 50% de horas lectivas en español. No obstante, las autoridades tienen por objetivo alcanzar el 80% de horas lectivas en catalán.
Por todo lo relatado hasta ahora, el GP VOX cree necesaria la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Debe ser el Gobierno de España quien, con la aprobación del Senado, adopte cuantas medidas sean necesarias para asegurar el retorno a la normalidad de la región gobernada por una autoridad rebelde al orden constitucional y la unidad de España.
Los antecedentes requieren una ejemplarizante y firme respuesta del Estado con el fin de restablecer la paz social y la concordia en Cataluña. De no utilizarse los resortes del Estado para este fin, el Gobierno continuará siendo cómplice y responsable de los intentos de los separatistas de eliminar la nación española y destruir toda forma de convivencia pacífica y credibilidad institucional.
Por todo lo expuesto, se insta al Gobierno a lo siguiente:
- Proteger el uso y el conocimiento del español en todos los centros educativos de Cataluña de cualquier etapa, persiguiendo que su empleo legítimo suponga motivo de persecución, discriminación o estigmatización y garantizando el derecho fundamental de los padres a escolarizar a sus hijos en la propia lengua, común a todos los españoles.
- Garantizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en particular, los Mozos de Escuadra, prevengan, investiguen, eviten y, en su caso, repriman, empleando todos los medios a su alcance, cualesquiera intentos de subvertir el orden constitucional en Cataluña.
- Garantizar que las administraciones públicas de la región de Cataluña, de cualquier ámbito territorial y, en particular, los municipios, trabajen en favor de bien común y del interés de los españoles y abandonen la promoción, favorecimiento y realización de estrategias, actuaciones y actividades al servicio de la ideología separatista.
- Promover la persecución de la utilización espuria y fraudulenta de fondos públicos de todos los españoles por parte de las instituciones catalanas, empleados para alentar, de diversas formas, los delirios separatistas.
- En particular, impulsar las actuaciones que sean necesarias para poner fin al adoctrinamiento llevado a cabo por parte de TV3 y los demás medios públicos de comunicación de titularidad regional que pretendan enfrentar a los catalanes entre sí y al resto de españoles.
Para el caso de que las anteriores medidas no sean atendidas, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a intervenir, de conformidad con lo previsto en el artículo 155 CE, la administración regional catalana para reconducir la situación que se vive en el territorio catalán y garantizar que los servicios públicos en Cataluña se presten en favor no de la ideología separatista, sino del interés general de la nación y de las familias españoles, de manera que sirvan adecuadamente a su función vertebradora del territorio nacional y se garantice la igualdad entre los españoles.