En Madrid, a 7 de noviembre de 2022– El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición no de Ley relativa a exigir al Gobierno de Bolivia el cese de la represión violenta de la sociedad civil del Departamento de Santa Cruz, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Durante las últimas jornadas se han producido en el departamento de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, actos violentos alimentados por el Gobierno de Luis Acre, debido a la reivindicación de la región para que se actualice el censo de población actual que data de 2012.
El Gobierno ha decidido postergar la actualización hasta 2024 en vista de la posible pérdida de poder del Gobierno del Movimiento al Socialismo. El incremento de la emigración a la región de Santa Cruz hace que el nuevo censo pueda otorgar hasta tres diputados más a este departamento. Además, de retrasarse el censo más allá de 2023 se impediría su aplicación a las elecciones de 2025.
Esta división de posiciones se ha manifestado recientemente a través del uso de la fuerza desproporcionada y la coacción por parte de los partidarios del Gobierno contra los ciudadanos de Santa Cruz. Incluso existen pruebas gráficas que evidencian la entrega de explosivos a los simpatizantes del Gobierno.
A esta insostenible situación se suma el cerco en la ciudad más poblada de Bolivia, que está causando la acumulación de toneladas de basura con las respectivas consecuencias en la degradación del nivel de salubridad pública.
El uso ilegítimo de fuerza promovido por el Movimiento al Socialismo es la prueba de la animadversión que los movimientos cercanos al comunismo tienen por el respeto a los valores democráticos. Por este motivo, el GP VOX pide al Congreso de los Diputados que rechace la utilización de la violencia institucional para resolver un problema político.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX insta al Gobierno a:
- Exigir con firmeza al Estado Plurinacional de Bolivia que cumpla debidamente con la normativa internacional que ha suscrito y de la que es parte.
- Urgir a la comunidad internacional, en los foros correspondientes, a permanecer vigilante y a prestar especial atención a la protección de los derechos de los bolivianos.
- Condenar la constante vulneración de los derechos y libertades de la persona por parte del Gobierno de Bolivia.