El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para la defensa de la industria española del textil, el calzado y la confección. La iniciativa alerta sobre la situación crítica de un sector que representa el 2,9% del PIB y el 3,6% del empleo en España.
A pesar de su importancia estratégica, el sector de la moda ha frenado su impulso por primera vez desde la pandemia, registrando caídas en el número de empresas, empleo y facturación. Según los datos aportados por la formación: El número de empresas decreció un 3% en 2024. El empleo se redujo un 16,5% el pasado año, cerrando con apenas 40.400 trabajadores. La facturación de 2024 (11.040 millones de euros) sigue muy lejos de los niveles prepandemia de 2019 (18.078 millones). En 2025 se alcanzó un máximo histórico de 244 concursos de acreedores en el sector.
VOX atribuye este retroceso al encarecimiento energético y a las regulaciones ambientales impulsadas desde Bruselas. La formación denuncia especialmente el impacto del nuevo plan de acción para la economía circular y la imposición de «trabas medioambientales» como los sistemas de responsabilidad ampliada del productor o el futuro Pasaporte Digital de Productos previsto para 2028.
A estas cargas se suma la «competencia desleal» de productores asiáticos. Las importaciones chinas aumentaron un 14% en 2025, superando los 4.600 millones de euros. VOX denuncia que muchas empresas españolas se ven forzadas a la deslocalización hacia países con menores cargas administrativas y laborales para poder sobrevivir. Además, advierte que la venta ilegal de falsificaciones genera pérdidas de 5.700 millones de euros anuales en España.
VOX propone la elaboración de un Plan Nacional de Reindustrialización orientado a priorizar los intereses estratégicos de España y fomentar la relocalización de las plantas productivas trasladadas al extranjero, para lo cual exige recuperar la soberanía frente a la Agenda 2030 mediante la denuncia del Acuerdo de París y la reversión de las políticas climáticas del Pacto Verde Europeo que asfixian al sector.
Asimismo, la iniciativa insta a eliminar las cargas especulativas del mercado de emisiones de CO2 y su mecanismo de subasta, reclama un alivio fiscal y burocrático que elimine trabas innecesarias para atraer inversión y defiende la neutralidad en las ayudas públicas mediante la supresión de objetivos ideológicos como la circularidad, la descarbonización o la neutralidad climática en las bases reguladoras de las subvenciones industriales.